ALFONSO Mir le debe a toda Sevilla una explicación. Y una dimisión si fuéramos una democracia de verdad. Durante cuatro años, la caseta de Feria de la que es alma máter dejó de tener el estatus de entidad para ser familiar compartida. Era en su origen la caseta del Servicio Municipal de Limpieza de Escuelas. Ahora no sólo está a su nombre sino también al de dos hijos. Cuando un periodista desvela la irregularidad y aporta documentos, Mir arremete contra el informador y lo niega todo. Ayer, sus compañeros en la Delegación de Fiestas Mayores lo dejaban aún más en evidencia reconociendo la anomalía. Le llaman fallo técnico. En realidad es un apagón de ética.

El caso Mir es un ejemplo más del compadreo que pulula por cualquier ámbito sevillano, diluyendo la igualdad de oportunidades y los límites entre lo público y lo privado. Aquí no vamos a poner en cuestión si el concejal es o no buena gente, y si ha pagado o no muchas convidás al proletariado afín. Lo importante es que una persona cuya carrera política incluye cargos en UGT, la gerencia de Lipasam y formar parte de las listas electorales del PSOE, siendo concejal electo, tiene que hacer valer la igualdad de todos los ciudadanos ante las ordenanzas municipales. Para sí y para los demás. También si se trata de la privatización de una caseta.

Todos los sevillanos que son propietarios de casetas saben que cada año hay que renovar la titularidad y no cometer fallos. Si hay un fallo técnico en la ficha, ¿no se ha dado cuenta Mir ni en 2006, ni en 2007, ni en 2008, ni en 2009 ni en 2010? Sin embargo, sí ha tenido reflejos para cambiarle el nombre a la caseta. ¿Es de fiar un gobernante que no se da cuenta de los fallos?

Lo más grave del sainete no es la facilidad que tienen para confundir lo público y lo privado. Lo peor es la mentira, la chapuza, la falta de papeles y la carencia de ética. Aprovecharse de los subterfugios en lugar de subsanarlos, por su propia reputación y por el decoro del Ayuntamiento en el que nos representa.