Rafael / Salgueiro

El hundimiento del 'Vaporcito'

La imagen del hundimiento del 'Adriano III' puede servir de metáfora de lo que está sucediendo en algunas comunidades autónomas y de lo que queda por venir

EL buque Adriano III, hoy hundido en el puerto de Cádiz, tiene un valor simbólico para los gaditanos y portuenses comparable al del Cable Inglés para los almerienses o al del cargadero de la Río Tinto para los onubenses. La imagen de su hundimiento puede servirnos de metáfora, reconozco que muy forzada, de lo que ya está sucediendo en alguna de las comunidades autónomas y de lo que queda por venir. La descentralización administrativa y política prevista en la Constitución de 1978 definía la conversión de un grande y pesado buque centralista, poco ágil y poco atento a las especificidades regionales, en una flota de buques más ligeros capaces de prestar atención a las particularidades de cada costa, gracias a su mejor conocimiento de las aguas y de los vientos y mareas locales. El buque centralista se aligeraba distribuyendo parte de su combustible, dotación de marineros y servicios de a bordo, sin perjuicio de que los vapores autonómicos tuvieran libertad para redefinir y ampliar los servicios y entretenimientos ofrecidos a los pasajeros, con el consiguiente enrole de nuevos marineros. Y cuando era necesario se adquiría más combustible a crédito, ya fuera en uno de los grandes puertos petroleros -mientras fiaban- o trasvasando desde la gabarra de combustible que quedaba más a mano, gracias a la obediencia debida a la que estaba sometido su patrón. Es decir, utilizando las facilidades de caja de una caja regional; algo que, por lo que hemos visto, se utilizó con demasiada frecuencia en Castilla-La Mancha y en Valencia, por citar sólo dos ejemplos. Cabría aquí recordar que la bancarrota es una institución tan esencial en nuestro sistema económico como la propia banca, porque nos estamos gastando demasiado dinero en las facilidades y rescates de entidades financieras. Sin ninguna duda, mucho más del que se podrá recuperar en el futuro, a diferencia de lo que sucedió en la crisis bancaria de los años ochenta.

La culpa del hundimiento del Vaporcito no la tuvo el cantil del puerto de Cádiz, que ya estaba allí desde hace tiempo, sino quizá un descuido o exceso de confianza del patrón, o bien una avería en el gobierno del buque. El cantil con el que se han estrellado las comunidades autónomas también estaba allí desde hace tiempo, en forma de presupuestos de ciencia ficción, soportados en unos ingresos provenientes del Estado mucho más dependientes del ciclo económico de lo que hubiera aconsejado la prudencia y unos ingresos propios de carácter bastante menos recurrente de lo que hubiera sido conveniente; aunque en esto sean los ayuntamientos quienes se llevan la palma (del martirio) al hacer soportar buena parte de su financiación propia en la fiscalidad de la construcción y no directa o indirectamente en el pago de los servicios que prestan, ya sea mediante las tarifas de dichos servicios o a través de la imposición a la propiedad de los inmuebles y vehículos de motor.

Los pasajeros, claro, querían cada vez más servicios a cambio de unas tarifas de pasaje -los impuestos- en las que se producía una curiosa coincidencia de opinión. Las propias siempre se consideraban caras, aunque se justificaban en que todos podían viajar, incluso aquellos a los que la ciencia económica denomina muy apropiadamente "pasajeros gratuitos". Sin embargo siempre les parecían insuficientes las que se aplicaban a los pasajeros de primera clase y deficiente la inspección realizada a quienes lograban alojarse en ella pagando sólo un billete de segunda.

Las autoridades del barco se complacían en ampliar los servicios ofrecidos, algunas veces con un alarde de imaginación y generosidad sorprendentes, confiando en que el bienestar reinante a bordo habría de servir para que el pasaje continuara confiando en ellos tras cada cuatro años de singladura. La oficialidad estaba bien atendida en su retribución, comodidades de desplazamiento, asistentes, etc. y podían utilizar a su conveniencia los servicios de los numerosos comedores de oficiales. La marinería creía contar con un empleo vitalicio -buena parte es propietaria de su puesto de trabajo y el resto quiere asimilarse a ella sin encontrar oposición- y sus representantes dedicaban sus mejores esfuerzos a ampliarla, reducir las horas de servicio y, cuando la coyuntura era favorable, a elevar las retribuciones individuales por medio de los más imaginativos conceptos salariales.

Pero en uno de esos buques, no sin sorpresa para algunos y en mitad de una tormenta, "llegó la Comandante y mandó a parar", tras constatar que con el escaso combustible que quedaba era imposible arribar a puerto seguro sin taponar la vía de agua y achicar la que amenazaba con inundar incluso las cubiertas superiores, justo allí donde se les anunciaba a los pasajeros que encontrarían el mayor bienestar durante la travesía. La sentina estaba inundada desde hacía tiempo y sus bombas averiadas, pero el capitán y la oficialidad anteriores, aun sabiéndolo, prefirieron no revelarlo al pasaje y a la marinería, para no alarmarlos. La estrategia y el procedimiento de la Comandante ha sido impecable: comunica la gravedad de la situación, ejemplariza reduciendo la oficialidad y sus gabelas, resiste las presiones de algunos pasajeros también prestadores de servicios que se consideraban intocables por imprescindibles, aligera los aparejos, carga y amenidades innecesarias, anula casi todos los consumos superfluos de combustible y pide un modesto esfuerzo extra a una parte de la marinería que, de momento, no parece muy dispuesta a prestarlo.

En otro buque, el de nuestra comunidad, para conseguir combustible extra se han puesto a la venta algunos de los despachos de los oficiales y dependencias de la marinería, buscando un tercero que quiera adquirirlos a cambio de un alquiler por su utilización, pero con escaso éxito por ahora y aunque ya luciera en el presupuesto de ingresos de este ejercicio. Se ha intentado también reorganizar la marinería, pero solo se ha logrado provocar el enfrentamiento entre las diferentes escalas que la componen. Se intenta por todos los medios mantener, al menos en apariencia, los servicios y amenidades ofrecidos al pasaje, aunque sea reemplazando las biodraminas por sus imitaciones o a cambio de algunos modestos suplementos, como el cobro de las bolsas de mareo hasta ahora gratuitas. También se pretende que los de primera clase abonen algo más por su pasaje, pero todo esto y otras disposiciones no son suficientes para seguir navegando y pagar a la dotación, de modo que se le pide a los pasajeros que adquieran unos títulos de la naviera, denominados bonos patrióticos, con la promesa de pago a un año y con una recompensa del 4,25%, operación ya realizada antes por otras dos navieras y que trae como consecuencia que ya podamos cuantificar que "el patriotismo tenía un precio". Se elevará, además, la cultura financiera porque los adquirientes se integrarán ipso facto en "los mercados", valorando ahora las actuaciones del naviero en función del impacto que pudieran tener en la probabilidad de repago del dinero que le han facilitado y dejando a un lado las consideraciones morales sobre las finalidades últimas a las que se destine. En su decisión pesará sin duda la trayectoria histórica de los pagos de la Junta de Andalucía a sus financiadores -que ha sido absolutamente impecable-, la calificación que se conceda a los títulos, las garantías que los soporten -no tienen el aval del Estado- y el tipo de interés sumamente atractivo para una operación con ese plazo de un año. Tomará en consideración también que la liquidez de los títulos será probablemente reducida, lo que dificulta mucho las operaciones que se pudieran realizar con ellos hasta su amortización. Es decir, ni más ni menos que lo que hacen los agentes de los denostados mercados financieros.

En una difícil situación financiera se encuentran casi todas las Comunidades Autónomas, si bien con diferencias entre ellas, debido al exceso en los gastos que se han ido asumiendo y en la insuficiencia de los ingresos para soportarlos, sin que quepa el recurso de exprimir más a los contribuyentes, porque nuestro esfuerzo fiscal es muy alto y elevarlo se traducirá inevitablemente en un descenso del consumo y del ahorro. El Gobierno tiene que hacer frente a un servicio de la deuda cuyo volumen anual ya empieza a ser comparable con algunas instituciones básicas de nuestro contrato social. Afortunadamente los altos mandos de (casi toda) la flota se han puesto de acuerdo ¡por fin! en un rumbo compartido para hacer frente al temporal y poder gobernar sin combustible de prestado. Más adelante quizá se revise incluso el diseño de la flota y se supriman algunos buques obsoletos concebidos hace más de un siglo. Y para ello, como seguirá habiendo tormentas en el futuro, vale la pena recordar un clásico dicho marinero: "Barco grande, ande o no ande".

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