Parece como si la sentencia absolutoria del caso Mercasevilla, la primera macrocausa con implicaciones claramente políticas que ha llegado al final de su ciclo jurídico, hubiera levantado el muro de silencio creado en los últimos años. Se empiece a hablar, aunque todavía en voz baja, de lo qué ha pasado y por qué en la investigación de la venta de los terrenos del mercado central, en los ERE, en los cursos de formación y en algún otro caso que todavía colea. Y lo que ha pasado básicamente ha sido que a partir de denuncias con evidente intencionalidad política funcionó un triángulo cuyos vértices eran la entonces juez de instrucción número seis de Sevilla, la Fiscalía y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que crearon un frente judicial con objetivos muy determinados. ¿Quiere esto decir que se partía de hechos falsos o que se violentaron atestados policiales y autos judiciales? Ni mucho menos. Quiere decir que la investigación se orientó a conseguir que en el caso de Mercasevilla se salpicara lo más alto posible al gobierno municipal de Sevilla, formado por PSOE e Izquierda Unida; que los ERE se llevaran por delante a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y a cuantos más consejeros mejor, y que los cursos de formación pillaran en medio a la presidenta Susana Díaz. Cualquiera que haya estado atento a estos casos, que han tenido una cobertura mediática espectacular, podría seguirle la pista a decenas de actuaciones policiales o decisiones judiciales avaladas por el Ministerio Público que confirmarían esta tesis. De entre todas ellas hay una que tuvo especial relevancia y que nunca ha sido explicada: el apartamiento de la Policía y su sustitución por la Guardia Civil en la investigación de los ERE por orden de la juez Mercedes Alaya. Si se repasa todo lo que ha ocurrido en España en los últimos años se encuentran más de dos y más de tres circunstancias en las que la UCO ha condicionado la vida del país, como si de alguna forma quisiera ser un Estado dentro del Estado. Andalucía no ha sido en esto una excepción.

No se le pusieron las cosas demasiado complicadas. La Consejería de Empleo, por ir al caso más obvio, se convirtió durante los últimos mandatos de Chaves y el tiempo que estuvo Griñán, en una especie de cueva donde todo valía y donde se aplicaba el principio de que el dinero público no es de nadie. Que algunos de los personajes que anidaban en esa Consejería serán finalmente condenados en el juicio de los ERE es algo que parece evidente. Como también lo parece que hubo una utilización política de la Justicia, algo que subvierte los principios del Estado de Derecho.