El Ayuntamiento responde a Cortés que no tiene por qué "justificar" los realojos de la Corrala

  • La consejera de Fomento y Vivienda ha advertido de la "trampa" del Consistorio ante la actualización de los informes sobre la situación socioeconómica de los afectados.

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La concejal delegada de Asuntos Sociales, Familia y Zonas de Especial Actuación del Consistorio hispalense, Lola de Pablo-Blanco, ha respondido a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que el Gobierno andaluz no puede pretender que el Ayuntamiento "justifique" simplemente el realojo provisional, en viviendas públicas, de las familias desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales. 

El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de Ibercaja, motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó directamente a nueve familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes ocho personas o familias del colectivo. Estos ocho realojos, no obstante, fueron paralizados a cuenta del conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución al asunto. 

Al objeto de solucionar el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda ha remitido al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debe determinar su derecho o no a estos realojos provisionales. Los servicios sociales del Ayuntamiento ya elaboraron en su momento "notas informativas de necesidad de vivienda" en el caso de 25 familias de este colectivo, aunque siempre a los efectos de que Ibercaja, como entidad privada, les diese acceso a su programa de ayudas. 

Fruto de aquellas notas informativas, según el Ayuntamiento, en el baremo social del Consistorio sólo figuraban dos de las familias que forman parte del colectivo, concretamente en los puestos número cien y 122 de un listado de 388 personas o familias, si bien el colectivo niega este extremo y defiende que numerosos informes de los servicios sociales prueban que todas las personas se encuentran en riesgo de exclusión social. 

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha advertido este lunes de la "trampa" del Ayuntamiento de Sevilla ante la actualización de los informes, ya que la petición del Gobierno andaluz es de cara a un realojo "provisional y transitorio" y no para una adjudicación de vivienda. 

Por su parte, Lola de Pablo-Blanco ha respondido que "la Junta de Andalucía no puede pretender ahora que el Ayuntamiento justifique su decisión, que ella tomó de manera unilateral al dar viviendas a algunas familias de la Corrala sí y a otras no, incluso incluyendo en su listado a algunas familias que no fueron ni siquiera desalojadas. Por eso, la actuación del Ayuntamiento siempre es en cumplimiento de los principios de legalidad e igualdad. Por tanto, estamos dispuestos a seguir trabajando pero siempre dentro del marco legal. El realojo es un procedimiento reglado, por lo que la Junta sabrá qué criterios de selección entre las unidades familiares le llevó a la entrega de llaves a dichas familias, por lo que es responsable de las decisiones que tomó en su día". 

La concejal ha indicado que "el Ayuntamiento está trabajando desde el primer momento, ya avisamos a todos pero algunos todavía no han acudido y otros presentan limitaciones o restricciones al trabajo de los profesionales de los servicios sociales. Hemos colaborado en todo lo que se nos ha pedido desde hace dos años, pero también hemos tenido muy claro desde el principio que no íbamos a saltarnos la ley". La delegada de Asuntos Sociales ha afirmado que "si verdaderamente  existe esta emergencia para contar con una vivienda, no comprendo por qué rechazaron las viviendas que Ibercaja les ofreció durante la negociación en la mesa del Defensor del Pueblo Andaluz y por qué rechazaron tras el desalojo los recursos de alojamiento y manutención que ofreció el Ayuntamiento para dar cumplimiento al auto del Juzgado de Instrucción número 3". 

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