La delegada de Asuntos Sociales, Familia y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento, Dolores de Pablo-Blanco, aseguró este martes que "algunas" de las personas desalojadas de la Corrala Utopía están poniendo "limitaciones y restricciones" a la labor de los trabajadores sociales. "Algunas personas están poniendo restricciones o limitaciones a los profesionales de los recursos sociales. No quieren decir dónde viven y así impiden las visitas domiciliarias o no entregan la documentación", avisa la concejal.

Con el fin de solucionar el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento un listado de 17 personas o cabezas de familia que habían sido desalojadas para una nueva evaluación socioeconómica, lo que debe determinar su derecho o no a los realojos provisionales. Cabe recordar, al respecto, que los servicios sociales del Ayuntamiento, merced a la oferta de Ibercaja -propietaria del bloque ocupado denominado Corrala Utopía-para reconducir a su programa social de vivienda a las familias que acreditasen un verdadero estado de necesidad, ya elaboraron en su momento "notas informativas de necesidad de vivienda" en el caso de 25 familias de este colectivo, aunque siempre a los efectos de que dicha entidad financiera, como entidad privada, les diese acceso o no a su programa de ayudas.

Después de que una de las mujeres del colectivo asegurase que estas personas estaban colaborando con los servicios sociales del Ayuntamiento de cara a esas evaluaciones -previamente Zoido manifestaba que ninguna de estas personas había acudido a dichos servicios-, Dolores de Pablo-Blanco ha profundizado en las incidencias que rodean a estas evaluaciones técnicas.

La delegada de Asuntos Sociales ha recordado que el propio alcalde reclamó que estas 17 personas o unidades familiares acudiesen "voluntariamente" a los recursos municipales para estas evaluaciones, porque a día de hoy, estas personas "están llegando", pero "no todas han venido". De igual modo, ha advertido de que "algunas" no estarían "colaborando" con los trabajadores sociales, pues "impiden las visitas domiciliarias o no quieren presentar la documentación" que se les requiere.

"Algunas personas están poniendo restricciones o limitaciones a los profesionales. No quieren decir dónde viven y así impiden las visitas domiciliarias o no entregan la documentación", ha explicado la concejal, quien avisa de que los servicios sociales municipales recibieron instrucciones para acometer "con urgencia" la evaluación social de estas personas, que contaba, incluso con preferencia sobre "los demás usuarios" de los servicios sociales locales.

Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, aseguró este martes que "no hay ningún realojo con mayor lupa y transparencia" que el realizado para las familias de la Corrala Utopía, de los más de 630 que ya ha llevado a cabo la Administración andaluza. En una entrevista en Canal Sur Televisión, la consejera ha hecho hincapié en que la actuación de su departamento es "legal y justa", al tiempo que ha advertido de que el camino para un realojo de urgencia no es la ocupación de viviendas vacías, aunque sí es un síntoma de los problemas sociales que las familias viven. Cortés aseguró que durante la crisis surgida con el PSOE a raíz de los realojos de los ocupas la Corrala nunca charló con la presidenta Susana Díaz.