La Fiscalía Anticorrupción ha decidido este martes mantener los cargos contra los cuatro acusados de cohecho en Mercasevilla, a los que reclama una multa de 900.000 euros y 21 meses de inhabilitación para cargo público por haber exigido presuntamente una mordida de 300.000 euros a los hosteleros de La Raza a cambio de que pudieran hacerse con la gestión de la escuela de hostelería.

El fiscal Juan Enrique Egocheaga, al término de la fase de presentación de pruebas en el juicio que se sigue con jurado en la Audiencia de Sevilla, ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que imputa un delito de cohecho a los cuatro imputados: los ex directivos del Mercado central Fernando Mellet y Daniel Ponce, la que fuera directora de Proyectos de la Fundación Regla Pereira, y el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

La duda sobre si el fiscal iba a mantener la acusación contra los cuatro imputados deriva del hecho de que los indicios contra Antonio Rivas y Regla Pereira son más débiles, después de que el jefe de la Policía Judicial dijera sobre el primero que no había ningún hecho objetivo que acredite que fue él quien dio las instrucciones para que se solicitara la comisión a los hosteleros, como manifestó ante la Policía y la Fiscalía Fernando Mellet, en unas declaraciones que nunca han sido ratificadas ante la autoridad judicial, ya que este imputado se negó a declarar en la fase de instrucción y en este juicio.

En cuanto a Regla Pereira, ni los empresarios ni el ex subdirector de Mercasevilla Daniel Ponce han asegurado que estuviera presente en el momento en que se exige el pago de la comisión a los empresarios, dado que sólo asistió a una de las reuniones en las que se trató la cuestión, que tuvo lugar el 16 de enero de 2009, y además se ausentó en varias ocasiones de la misma.

Una vez que el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, al igual que han hecho las acusaciones de Mercasevilla y el Partido Popular, el representante del Ministerio Público expondrá ante el jurado su informe. Al inicio de la vista oral, el fiscal mostró su “convencimiento” de que los cuatro procesados habían exigido una “dádiva, recompensa o mordida” a los hosteleros por hacerse con la gestión de la escuela de hostelería. El fiscal reprochó entonces a los procesados que una vez concedida la subvención de 900.000 euros por parte de la Junta “decidieron obtener un beneficio ilícito” a costa de los hosteleros, cuyo papel se limitaba según el fiscal a hacer una aportación “técnica” al proyecto: la gestión de la escuela de hostelería.

Las defensas de los cuatro imputados han solicitado la libre absolución y, cuando finalice la exposición de las acusaciones, expondrán ante la sala sus argumentos para solicitar un veredicto de inocencia, si bien esto no sucederá hasta la sesión de mañana.

En la sesión de este martes han comparecido los peritos de la Guardia Civil que analizaron la grabación realizada por los hosteleros de La Raza de la reunión del 27 de enero, quienes han ratificado su informe respecto a que la grabación no ha sido manipulada y que la calidad de la misma supera los estándares técnicos para poder ser analizada.

Por su parte, otro perito de la Policía Nacional ha concluido que la grabación tenía una “calidad insuficiente” para la realización del análisis y cotejo de las voces, por cuanto está “distorsionada y hay solapamientos, por lo que no sirve la calidad” del CD que le fue entregado para su pericia.