La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha denegado la suspensión cautelar solicitada por el Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla en cuanto a la aplicación del Plan de Ordenación Viaria del Casco Antiguo y Protección de la Zona Monumental, que restringe el tráfico privado en el casco histórico de la capital andaluza mediante un régimen sancionatorio que limita a 45 minutos el tránsito por el centro a los conductores no residentes o que no se ajusten a las excepciones contempladas en este plan.

Esta decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto tribunal andaluz se enmarca en el recurso promovido por el Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla contra el acuerdo adoptado, el 24 de septiembre de 2010, por el pleno del Consistorio para modificar la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas al objeto de materializar el mencionado plan, cuyo régimen sancionador está en vigor desde el pasado 17 de diciembre. El TSJA, como se recordará, ha resuelto la admisión a trámite de dicho recurso, si bien en la providencia dictada a tal efecto no apreciaba la urgencia necesaria para la suspensión cautelar provisionalísima reclamada por los populares en su recurso.

Ahora, en un auto fechado el 23 de diciembre y recogido por Europa Press, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha acordado "no suspender la ejecutividad de las disposiciones administrativas impugnadas", dado que tras no acceder a la suspensión cautelar provisionalísima, la citada instancia judicial había resuelto dar curso a una pieza separada, al objeto de dilucidar la imposición o no de medidas cautelares en el marco de este recurso que persigue la anulación de la aplicación del Plan de Ordenación Viaria del Casco Antiguo y Protección de la Zona Monumental. 

El recurso sigue pendiente de resolución

El recurso, que sigue su curso, se dirige contra el citado acuerdo plenario, que modifica la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas, y contra la resolución de Alcaldía que, por delegación, emitió el 13 de octubre de 2010 el concejal de Movilidad, Francisco Fernández (PSOE), para formalizar el Plan de Ordenación Viaria del Casco Histórico.

En este sentido, el recurso del PP advierte de que "hay causas más que suficientes para considerar nula de pleno derecho esta restricción, porque se están lesionando derechos y libertades susceptibles del amparo constitucional", como es el caso de "el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de residencia y libre circulación por todo el territorio español y el principio de legalidad".

Del mismo modo, se explica que se trata de un caso en que si la norma se aplica y después la Justicia determina que se han vulnerado los derechos de los ciudadanos "será imposible que el Ayuntamiento restituya el daño causado a quien no pudo circular en virtud de tan injusta norma", razón por la que se solicitaba la suspensión inmediata mientras se tramita la suspensión cautelar y el tribunal dictamina, "para que ningún sevillano sea lesionado en sus derechos y luego nadie pueda restituirle el daño".