El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, Juan Ignacio Zoido, ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la suspensión cautelar inmediata del plan de cierre al tráfico del centro puesto en marcha por el Consistorio hispalense. "El plan del casco histórico que dice por dónde se puede y no se puede circular, ni si quiera ha sido publicado en el Boletín Oficial del Provincia (BOP)" y "la ordenanza no recoge ni la delimitación de las calles ni la limitación de los 45 minutos".

El PP se suma así a los 13 recursos que, como mínimo, también han planteado ante el TSJA asociaciones de vecinos, concesionarias de aparcamientos y particulares contra la ordenanza que regula este plan y la gestión de la bicicleta. El Tribunal Supremo, sin embargo, ha dado este mes la razón al Ayuntamiento en todos los artículos de la ordenanza en respuesta al primero de esos 13 recursos.

Zoido anunció que ha recurrido al TSJA "para que se anule el cierre del tráfico al centro y se proceda a la suspensión inmediata de esta prohibición mientras la Justicia dictamina sobre la suspensión cautelar y, posteriormente, sobre la posible ilegalidad de la medida".

El recurso va contra el acuerdo del 24 de septiembre de 2010 del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Sevilla, que modifica la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas para cerrar el tráfico al centro y limitar a un máximo de 45 minutos la circulación de vehículos.

El recurso también se dirige contra la Resolución del alcalde que por delegación emite el teniente de alcalde delegado de Movilidad, Francisco Fernández, sobre el Plan de Ordenación Viaria del Casco Histórico para la Protección de la Zona Monumental, de fecha 13 de octubre. "Y lo hago convencido porque estamos ante unas medidas que sólo buscan prohibir y que están plagadas de ilegalidades contenidas en varios de sus artículos", asegura el candidato popular.

Zoido argumenta que "hay causas más que suficientes para considerar nula de pleno derecho esta restricción porque se están lesionando derechos y libertades susceptibles del amparo constitucional", como "el derecho a la igualdad, a la libertad de residencia y libre circulación y el principio de legalidad".