Los edificios del casco histórico que superan la altura permitida podrán realizar reformas tras la modificación del Plan General aprobada en la sesión plenaria con el respaldo de los tres principales partidos de la Corporación (PSOE, PP y C´s). Un cambio hace más de cinco años del artículo 1.1.13 dejaba fuera de ordenamiento las plantas de inmuebles que estuvieran por encima de las alturas fijadas para su sector, por lo que sólo se podían realizar en ellas obras de conservación. Nada de remodelación o reforma. Esa restricción ha paralizado en los últimos años cerca de 500 proyectos en edificios del centro.

El servicio de planeamiento y desarrollo urbanístico justifica esta modificación principalmente por dos motivos. El primero es que su aplicación ha generado durante su vigencia serios problemas en la cotidiana labor de concesión de licencias urbanísticas debido a que los edificios del casco histórico fuera de ordenación por altura (se estima que son unos 500) cuentan con un doble régimen jurídico. Esto provoca que en un mismo inmueble existan dos regímenes jurídicos aplicables, lo que es rechazado por la jurisprudencia, que ha manifestado que la ley no permite distinguir entre las distintas zonas de un inmueble, sino que es preciso considerar el edificio en su conjunto para incluirlo o no en situación de fuera de ordenación.

Esta situación ha creado problemas entre los distintos departamentos de la Gerencia de Urbanismo, ya que hay propietarios de edificios que se encuentran con que pueden hacer obras de remodelación hasta la planta máxima autorizada, pero a partir de ella sólo puede realizar obras de conservación. Cada zona del centro cuenta con una altura distinta en el Plan General. En Marqués de Paradas se llega hasta la planta séptima, mientras que en el barrio de Santa Cruz se queda en la segunda.

El segundo motivo es impulsar las operaciones, ya que en no pocas ocasiones la recuperación de un inmueble se ve paralizada debido a que se encuentra fuera de la ordenación. La modificación puntual del Plan General busca que los dueños de estos edificios puedan realizar con licencia municipal obras de conservación, reforma y ampliación, siempre respetando el grado de protección del inmueble y sin aumentar su edificabilidad.

La modificación llega a la Consejería de Medio Ambiente para su aprobación definitiva

Entre los inmuebles afectados por esta normativa se encuentran la antigua sede del Banco de Andalucía situada al principio de la Avenida de la Constitución (tiene ocho plantas, pero tres se encuentran fuera de ordenación y sólo admiten obras de conservación), las anteriores dependencias de la Hacienda local en la Plaza de la Encarnación o el edificio Vilima. La redacción actual del texto ha generado situaciones absurdas como que en un edificio de seis plantas, que tenga dos fuera de ordenación, sólo se puede colocar un ascensor para las cuatro primeras plantas, o que si la planta alta de un edificio se convirtió en su época en oficina y quiere volver a su uso residencial, no se les puede autorizar. Y lo mismo a la inversa.

Esta modificación ya fue respaldada en el Pleno en enero de 2016, aunque un dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio la paralizó al solicitar un estudio pormenorizado de cómo puede afectar este cambio a la protección del conjunto histórico. Este documento de modificación fue aprobado inicialmente el pasado 2 de noviembre, tras lo que se expuso a información pública. Las tres alegaciones presentadas fueron rechazadas. El expediente se remitirá a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para que otorgue la aprobación definitiva.

Durante el debate plenario, Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, explicó que la "clarificación" de la normativa era algo necesario, a la par que se corrige que haya diferentes regímenes jurídicos para una misma edificación de acuerdo a la planta en la que se ejecutara la actuación, lo que era "un galimatías y podía llevar a problemas de rehabilitación". La concejal popular María del Mar Sánchez Estrella señaló que la modificación "impide que se aboque a la ruina a un edificio". Javier Millán, portavoz de la formación naranja, solicitó descartar el "fantasma de la especulación". De su lado, la portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano, advirtió que se ha pasado a una "simplificación absoluta" que puede suponer "un auténtico coladero". Mientras, Daniel González Rojas, portavoz de IU, considera que el cambio supone "seguir convirtiendo el centro de la ciudad en un parque turístico".