El fiscal Anticorrupción se mostró convencido la pasada semana, al inicio del juicio por el cohecho de Mercasevilla, de que en el mercado central se exigió una mordida de 300.000 euros. La vista oral se reanuda este lunes precisamente con la declaración de los principales testigos de cargo de la acusación: los hosteleros de La Raza a los que se solicitó la presunta comisión ilegal. Los empresarios Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas comparecerán ante el jurado para ratificar que los directivos del Mercado central Fernando Mellet y Daniel Ponce les reclamaron un auténtico "impuesto revolucionario" para hacerse con la gestión de un proyecto que ya había recibido una subvención total de 900.000 euros de la Junta de Andalucía.

El hostelero Pedro Sánchez Cuerda aseguró a la Policía en marzo de 2009, poco después de que estallara el escándalo de la comisión de Mercasevilla, que los directivos le indicaron que tenían que pagar unos 450.000 euros, de los cuales 150.000 correspondían a la acometida eléctrica de la nave donde se ubicaría la escuela, y los otros 300.000 eran un "impuesto revolucionario" que tenían que abonar en concepto de "colaboración" con la Junta.

Según dijo entonces Pedro Sánchez Cuerda, los directivos le ofrecieron la posibilidad de presentar ese pago como una donación a la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, lo que les permitiría justificar de esta forma el gasto ante el consejo de administración del grupo La Raza. La entrega del dinero podría hacerse dejando olvidando un maletín en un despacho de Mercasevilla, una actuación con la que Daniel Ponce quería hacerle ver que la comisión no era para él.

José Ignacio de Rojas, socio de Pedro Sánchez Cuerda, señaló que al final de la conversación que grabaron y que se ha escuchado en el juicio, Fernando Mellet les hizo una "rebaja" en sus peticiones, ofreciéndoles que pagaran sólo 150.000 euros ahora y la misma cantidad dentro de seis meses, o 200.000 euros en este momento sin necesidad de efectuar ningún pago posterior.

Frente a esta versión de los empresarios, los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce han defendido la licitud de la comisión solicitada. Aunque Mellet no ha declarado ante la autoridad judicial, ni en el juzgado de Instrucción ni ahora en el juicio, sí que explicó a la Policía que pidió ese dinero a los empresarios tras recibir órdenes del entonces delegado de Empleo Antonio Rivas, quien por su parte niega rotundamente estas acusaciones.

Mellet, cuyo silencio en el juicio puede favorecer de forma decisiva la exculpación de Rivas, declaró a la Policía que el delegado de Empleo le telefoneó el 5 de enero de 2009 diciéndole que había que solicitar una "colaboración voluntaria" de unos 300.000 euros aproximadamente para la realización de diversos "proyectos sociales de la propia Junta, como compensación por la subvención" concedida.

Mellet no ha ratificado esta declaración y Daniel Ponce le ha señalado a él en el juicio como el único responsable de la petición de esta mordida, al asegurar que el director general le pidió que se reuniera con los hosteleros y les "recordara" la cuestión de la colaboración con la Junta. El ex subdirector apuntó que Mellet le había comentado que la comisión se solicitaba por orden de Antonio Rivas, aunque Ponce ha afirmado que en ningún momento el delegado le ha pedido que reclame dinero o le ha insinuado algo semejante. Daniel Ponce añadió, en cualquier caso, que consideraba que la petición debía ser lícita, porque se trataba de un dinero que iba a ir destinado a proyectos sociales de la Junta.

Tras la declaración de los dos hosteleros de La Raza, que son los principales testigos de la acusación, el juicio continuará con la declaración de otros testigos, entre los que se encuentran ex altos cargos de la Junta, así como el jefe de la Policía Judicial que investigó inicialmente el caso, y el supuesto conseguidor de los ERE Juan Lanzas.