El interventor municipal ha recomendado al equipo de Juan Espadas que no revise la ordenanza sobre el impuesto de plusvalía hasta que el Estado no defina su regularización. En su informe sobre los nuevos precios de la ciudad para el año que viene, este órgano fiscalizador entiende que "las administraciones locales deben sujetar sus desarrollos normativos en el ejercicio de sus competencias, particularmente las fiscales, a un estricto principio de legalidad, por lo que la regulación propuesta debe adaptarse a la actual redacción del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales". Los socialistas han retirado la modificación de esta ordenanza del Pleno que se celebra hoy para abordar cambios en otros diez impuestos. La intervención añade que es previsible que se realice una reforma de este tributo para modificar su base imponible calculando el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en estimación directa. Apuntó que "aunque no se evalúa el impacto que la actual situación tendrá en la recaudación del impuesto es previsible una caída significativa".

Ante esta merma de las arcas municipales ya prevista por el gobierno municipal, el alcalde solicitó al Ministerio de Hacienda que revise los criterios de la regla de gasto para que esa caída no tenga incidencia en la inversión pública, exigió un incremento del Fondo Complementario de Financiación y reclamó una compensación directa de 13 millones. Su equipo instó a Hacienda a que revise profundamente los criterios por los que se establece la regla de gasto para que la caída provocada por la sentencia que cambia la regulación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana no tenga incidencia y que, en consecuencia, el Ayuntamiento no pierda capacidad de gasto e inversión pública recurriendo a otras vías de financiación. Los técnicos municipales de Hacienda calculan que la ciudad perderá hasta 13 millones debido a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mayo que anuló el impuesto de plusvalía, lo que abrió una vía de reclamación para los afectados.

Los técnicos estiman que la ciudad perderá 13 millones tras la sentencia del TC

En el informe de la intervención se destaca que la enmiendas presentada por Ciudadanos para incluir en la tarjeta nominativa anual a los hijos menores de 12 años y la gratuidad del autobús hasta los diez años "suponen una previsión de menores ingresos por la entidad por la prestación de los servicios de transporte ya que implican ampliar el ámbito subjetivo de tarifas a precio cero". Aprovechó para recordar que los precios de Tussam no cubren los gastos del servicio público.

En sus conclusiones, el interventor destaca que la bajada de la recaudación no favorece la recuperación del equilibrio en el remanente de tesorería que a corto plazo sólo puede corregirse con una minoración permanente de gastos. Termina con otro aviso: "No puede desconocerse la existencia de nuevas o mayores necesidades de gastos en ejercicios futuros, bien de carácter permanente como el incremento de efectivos de personal al cubrirse las plazas vacantes de Policías locales y bomberos, bien puntual, como las mayores necesidades de recursos a aportar a las empresas gestoras de servicios municipales, o la atención de sentencias judiciales pendientes, por lo que esta minoración de gastos afectará en mayor medida al resto de los ordinarios de la Corporación".