La Universidad de Sevilla entona el mea culpa y pide perdón. Su rector, Miguel Ángel Castro, reconoció este miércoles el error cometido por la institución académica por no haber actuado antes en el caso del catedrático Santiago Romero, condenado a 7 años y 9 meses de prisión por tres delitos de abusos sexuales y uno de lesiones cometidos sobre dos profesoras y una becaria de investigación, y por haber dilatado tanto su comparecencia.

Pocas veces la sala de reuniones del Rectorado estuvo tan concurrida de periodistas de medios locales y nacionales, así como de cables de cámaras y micrófonos, como en la mañana de este miércoles. Ha habido que esperar tres días para que la Universidad de Sevilla ofreciese una valoración sobre los actos del ex decano de su Facultad de Ciencias de la Educación, cargo que ostentó durante 12 años, desde 1997 hasta 2009.

Para evitar el contacto entre las partes, se aprobaron estancias en otras universidades

Castro, en un discurso no exento de autocrítica, expresó su "máxima condena y repulsa a la situación de acoso" provocada por Santiago Romero y pidió "perdón a la sociedad" en nombre de la institución, ya que "cuando uno de los nuestros comete actos como éstos, la universidad se empobrece".

Tras analizar el auto del juez, la Universidad ha reabierto el expediente disciplinario contra Romero que la institución inició en noviembre de 2010, dos semanas después de que la Hispalense recibiera la primera denuncia y dos meses después de que ésta hiciera llegar el caso a los juzgados. Este expediente quedó paralizado por imperativo legal al iniciarse el proceso penal.

La Hispalense ha suspendido al profesor de toda actividad docente y le prohíbe acceder a la Facultad de Ciencias de la Educación, donde impartía clase hasta el pasado martes. No obstante, hasta que no se solvente el expediente, algo que, según el rector, "se hará con rigor y la máxima diligencia posible", el catedrático seguirá cobrando el 75% de las retribuciones básicas aunque no trabaje, "según dicta la ley".

La Universidad de Sevilla tuvo constancia de estos hechos por primera vez el 3 de noviembre de 2010, cuando las tres compañeras denunciaron los abusos, según relató ayer Miguel Ángel Castro, que estuvo respaldado por varios miembros de su equipo de gobierno. "Al día siguiente se puso en marcha un procedimiento de información reservada que culminó el 18 de enero de 2011. Fue entonces cuando se abrió un expedientes disciplinario y se trasladó la denuncia a las autoridades judiciales".

Castro recordó que, pese a que el expediente se archivó a la espera de una resolución judicial, se mantuvieron las medidas cautelares aprobadas por la Universidad para facilitar la convivencia en el espacio laboral tanto de las víctimas como del agresor. "En seis años, los que de verdad saben de leyes, que son los jueces, no han hecho nada", reprochó Castro a las autoridades judiciales Castro, que lamentó la "lastimosa lentitud de las instancias judiciales en el asunto, ya que desde la primera denuncia hasta la sentencia condenatoria han pasado seis años.

Durante el curso 2011-2012, tras conocer los hechos, la Universidad puso en marcha una serie de medias para alejar a las víctimas del denunciado. Así, de acuerdo con todas las partes, según manifestó el rector, se dividió el departamento en dos y se separaron los despachos. Cada cuatrimestre se analizaban los programas docentes de cada uno para evitar que coincidieran en espacio y tiempo y se aprobaron estancias fuera de la Hispalense, concretamente en las universidades de Jaén, Cádiz, Granada y en Inglaterra para que las profesoras afectadas pudieran continuar con su labor investigadora. Además, según el rector, a las tres mujeres se les ofreció un "servicio de constante atención psicológica". "Nada puede paliar el daño sufrido por estas compañeras", aseguró Castro, pero pese a ejemplos "lastimosos" como éste, la "Universidad sigue siendo uno de los mejores lugares para vivir y aprender".

El rector, cuestionado por los periodistas, admitió que las tres denunciantes hayan podido tener la sensación de "asimetría" durante el proceso, por lo que les reiteró sus disculpas y mostró su intención de reunirse con ellas personalmente.

El máximo responsable de la Universidad de Sevilla fue preguntado en varias ocasiones por qué el ex rector Joaquín Luque, en el cargo tanto en el momento de los hechos como en la presentación de la primera denuncia, se negó a recibir a las víctimas de los abusos, a pesar de las concentraciones y a la recogida de firmas que pedían más protección para estas mujeres, según relataron las mismas durante el juicio. Castro negó saber si Luque recibió o no a las denunciantes -algo que hasta el momento él tampoco ha hecho porque "no le han pedido cita"- y le quitó importancia al hecho de que él no tuviera conocimiento de los abusos entonces, ya que en esos momentos era vicerrector de ordenación académica, un área "ajena a estos temas".

Castro recordó que ninguna de las tres profesoras "han perdido" su posición como investigadoras y docentes a lo largo de estos años y aseguró que se les apoyará para que continúen con su carrera profesional. Dos de las denunciantes tuvieron que leer sus tesis doctorales fuera de la Universidad de Sevilla, pero en la actualidad trabajan en esta institución. La tercera, a la que ya se le ha terminado su beca de investigación, ha abandonado de momento su tesis "por motivos de salud".