El Parque Nacional de Doñana.

El Parque Nacional de Doñana. / David Arjona / Efe

ESTO lo saben hasta los patos del parque: Doñana no da votos. La protección del medio ambiente nunca gozó de respaldo popular, lo mucho o poco que se lleva conseguido en este sentido desde la década de los setenta, cuando nacieron los primeros grupos ecologistas, se ha logrado a contracorriente de una sociedad que ha ido comprendiendo cuánto se estaba jugando de un modo perezoso. No ha sido hasta la irrupción del calentamiento global como certeza científica y sensorial cuando casi todos los partidos, muchas empresas y buena parte de la opinión pública han comenzado a respaldar las políticas medioambientales. Al menos de boquilla.

Pero no da votos. El PP de Juanma Moreno no va a salir erosionado en la provincia de Huelva por su apoyo a la ley de nuevos regadíos en la comarca del Condado, y tampoco le acarreará ningún coste a nivel andaluz. Reputacional, sí, pero electoral, ninguno. Los socialistas también lo saben, esto no va ni de ganancias ni de costes electorales, es otra cosa, es un deber moral, ético y puede que político para algunos que son pocos, pero muchísimos más que hace 30 años cuando aquello del ecologismo, hoy trasversal, era una excentricidad.Por eso, porque la dinámica es otra, el Gobierno andaluz no va a ganar puntos porque argumente que los Ejecutivos socialistas lo hicieron peor en Doñana o porque, hasta hace unos meses, el PSOE de Andalucía apoyase una medida similar. Esa dialéctica carece de sentido, es infantil y estéril.

Casi todas las reclamaciones que los ecologistas andaluces han venido realizando desde el siglo pasado, casi todas, han tenido en su contra a buena parte de la opinión pública, la supuesta rivalidad entre ecología y economía, entre medio ambiente y empleo ha sido una dicotomía que no se ha podido franquear hasta hace unos pocos años. Muchas de aquellas batallas, como la de las descontaminación de los ríos y la protección de los espacios naturales, se ganaron; otras, como la del litoral, se perdieron de modo estrepitoso. La ley de Costas de Josep Borrell puede que esté caduca, pero nadie se ha atrevido aún a promover otra y a mejorarla.

Por eso, el Gobierno de Juanma Moreno, si de verdad tiene la conciencia que pregona su presidente, se equivocará si entiende que el respaldo que le dé Huelva el 28 de mayo es un acicate para regularizar estos riegos sin agua. Esto es así, la defensa medioambiental no da votos ni dinero.

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