El caso de JTM -sobre el que se volverá en este artículo al final- ilustra y explicita una situación, llevada hasta sus últimas consecuencias y al límite más extremo (e injusto), que han vivido numerosos trabajadores públicos con el mal llamado teletrabajo.

El advenimiento y expansión del Covid-19 obligó al confinamiento y se hizo imposible el desplazamiento al centro de trabajo. Ha habido empresas en el ámbito privado a la que el imprevisto escenario no les ha cogido de nuevas, pues la fórmula de producir desde el propio domicilio del empleado ya se venía aplicando desde mucho antes de la visita del coronavirus. Eran (son) las menos. En su mayoría, suelen ser delegaciones o extensiones o sucursales de multinacionales o corporaciones foráneas que incluso atienden y responden a las necesidades y gastos extra -porque de una situación extraordinaria se trata y así lo tienen normalizado- del trabajador derivados del ejercicio de la actividad profesional fuera de las instalaciones de la empresa.

Pero aquí no ha habido teletrabajo. Más bien se ha impuesto el trabajo a distancia. Son dos cosas muy diferentes. En el primero hay una total sintonía entre contratador y contratado. Hay que insistir: desde mucho antes de la entrada en vigor del estado de alarma. Con el teletrabajo, el asalariado organiza su tiempo y responde en forma y plazos con el producto del que es responsable. Con el trabajo a distancia lo que ocurre es que la oficina se traslada a la sala de estar, o al dormitorio, o a la cocina, con todos los hábitos y todos los vicios y con unos cuantos medios menos. A veces muy en precario.

JTM es Joaquín Torres Moreno. Era hasta hace poco director y responsable de los centros de salud de atención primaria de María Auxiliadora y San Luis. Ya no. Fue cesado por "incumplir las indicaciones" durante la Semana Santa. ¿Qué había hecho para provocar su cese? Acudir presencialmente a su puesto de trabajo. ¿Por qué lo hizo? Por la imposibilidad de acceder desde su casa al sistema informático en el que ver el historial clínico de los pacientes. Y así, para descongestionar los servicios de Urgencias de los hospitales, se plantó en su puesto en el ambulatorio junto a otros profesionales el Jueves Santo y el Viernes Santo y poder hacer el seguimiento de los pacientes. El trabajo a distancia no servía, no era útil.

Un dato: la Unidad de Gestión Clínica Ronda Histórica-San Luis tiene a su cargo una población de más de 56.000 personas. Y aunque son demasiadas para un sistema informático ineficaz, las autoridades han preferido cargarse al hombre que tuvo unainiciativa contra el problema antes que solucionar el pifostio telemático.