Como esas parejas que no se soportan y terminan delante del terapeuta, cuando no saben arreglar sus problemas de alcoba por sí mismas, las dos Españas acudieron esta semana a Bruselas, en busca de un mediador de la Unión Europea, para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, tras más de cinco años de bronca política. Socialistas y populares visitaron desde la impotencia y sin ningún pudor al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para abordar la renovación del Poder Judicial y cambiar el modelo de elección de sus vocales. Cuando mamá y papá tienen que terciar en una riña de chiquillos no se pasa tanta vergüenza.

El ministro Félix Bolaños y el diputado del PP Esteban González Pons, según los testigos, incluso lograron permanecer juntos durante hora y media de reunión sin descalificarse y pulverizando todos los récords. Al parecer se saludaron y ambos acabaron locos de contento. En cambio, el comisario debió pensar, mientras los premiaba con una chuchería por portarse bien, en llamar a su psicólogo porque comprobó algo que ya se presumía de antemano: estos españoles no tienen remedio.

El mismo Estado que pedía hasta ayer la extradición de Puigdemont por media Europa con todo su poderío, ahora pretende borrar todos sus delitos al dictado del prófugo, lo que equivale en la práctica a pedirle perdón y encima darle un abrazo a compás, con una amnistía de máximos que blanquee los delitos de terrorismo, las multas de tráfico y elimine la última rebanada del pan de molde para Cataluña. Por lo visto, ahora hay terroristas buenos y malos. Y todo ello lo tiene que avalar Europa por anticipado. Que no falte de ná.

Bajo este panorama surrealista se sentó este país a la mesa de la concordia y la convivencia, pero por fortuna el comisario ya llegó curado de espanto. Sobre todo tras oír a Pedro Sánchez, con el rostro desencajado después de la penúltima jugarreta del prófugo, bendecir los indultos cuando no hace tanto que denunciaba una rebelión en toda regla. Mucho peor sería, se dijo el pobre hombre, que a Puigdemont y a sus socios les diera hoy por aprobar una nueva ley ordinaria que derogue la Constitución en su primer artículo, para hacer borrón y cuenta nueva. Parece un disparate, pero seguro que Reynders vino preparado para lo peor, tras conocer nuestros antecedentes, empezando por las críticas que los gobernantes y sus socios le dedican a la Justicia, tras diseñar un Código Penal a la carta en función de sus necesidades. En este país primero cuestionamos la autoridad de los profesores, luego le tocó a los agentes del orden, más tarde a los sanitarios y para redondear la faena, por último a los jueces. A este paso vamos a necesitar a un mediador incluso para elegir el calendario festivo.