La política española se ha convertido en un espectáculo que roza los límites de lo grotesco y que lleva directamente a la desafección de los ciudadanos. Lo ocurrido esta semana durante la conmemoración del 45 aniversario de la aprobación de la Constitución no escapa a este ambiente. El hecho de que al acto celebrado en el Congreso asistieran sólo los representantes de los dos partidos coaligados en el Gobierno (con bastantes ausencias en Sumar) y del principal partido de la oposición habla de la falta de respeto institucional de los diferentes grupos que tienen presencia en la Cámara, tanto de los que han permitido que Pedro Sánchez lograra la investidura, como de Vox, socio del PP en ayuntamientos y gobiernos autonómicos. En la misma línea abunda la intervención de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que volvió a demostrar que el cargo le viene grande al defender posturas partidistas y declarar abierta la vía a una posible consulta sobre el modelo territorial. Y rizó el rizo que Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ni tan siquiera se saludaran a pesar de permanecer a poca distancia durante unas cuantas horas. Todo esto deja claro una realidad que cada día que pasa se hace más evidente: España atraviesa una crisis política y de liderazgos que ha degradado la calidad del servicio público que están obligadas a dar las instituciones, el Gobierno y el Congreso, pero también los partidos. Ninguno de ellos está en estos momentos a la altura de lo que reclama una sociedad democrática plenamente asentada. Cuando se admite como normal lo que ha ocurrido desde que las elecciones del 23 de julio dibujaron el panorama actual es que algo falla en las profundidades del sistema. Los ciudadanos no son los responsables de esta situación, sino las víctimas.