Isla mayor · en jaque el sostén económico de una población

Un colono más por el que van a dar la cara

  • El cangrejo rojo supone el 5% de la producción pesquera andaluza. Se introdujo ya con fines industriales en 1974, pero todavía no está regulado.

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Es habitual en los pueblos que a pie de carretera, junto al indicativo de entrada, se coloque algún elemento que destaque aquello por lo que quieren ser conocidos: a veces es un cartel con la silueta de su castillo o un paraje, enseres de viejos oficios, como para seducir al viajero. Y en Isla Mayor -entre los paisajes que retrató Atín Haya y, ahora, Alberto Rodríguez en La Isla Mínima-, hay un azulejo con un campo de arroz sobrevolado por patos y un pescador que saca de su red -su nasa- cangrejos. Cangrejo rojo americano, Procambarus Clarkii, el mismo cuya comercialización, venta y transporte quedarán prohibidos cuando se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a las organizaciones ecologistas que recurrieron varias disposiciones del Real Decreto 630/2013, que regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. Eran una excepción para que la industria agroalimentaria pudiera comercializarlo.

El Ministerio fijó que debía regirse por la ley sobre recursos fitogenéticos y el Supremo ha dicho que no, que es un sector que ni siquiera está regulado. Es una de las causas del conflicto, un inexplicable vacío legal -los cangrejeros usan una licencia de pesca deportiva- cuando la industria suma décadas y peso específico. Cuando otras intentan internacionalizarse, ésta lo está. Más del 80% de su producción va a Francia, Países Bajos, Dinamarca y EEUU. Desde Isla Mayor, con 6.200 vecinos, se facturan 20 millones al año y hacen de España el segundo país exportador después de China; el tercer productor tras EEUU. De la mano de grandes cadenas distribuidoras, el producto empieza generalizarse también en España. 

El "invasor" supone el 5% de la producción pesquera andaluza, según el sector. Se estima que el 70% de la población vive de una forma u otra del cangrejo, que tiene su feria -en 2016 será la número 18- y acumula decenas de elaboraciones en los restaurantes de Isla Mayor, en donde casi todos son recién llegados, un poco como el cangrejo. Los vecinos más longevos son aún los "colonos" valencianos con los que se importó el cultivo del arroz en las marismas del Guadalquivir, en plena Guerra Civil, por razones logísticas. El cangrejo rojo llegó en los 70 -ejemplares procedentes de Louisiana (EEUU) se soltaron un 10 de mayo de 1974, en la finca alquilada por uno de esos chés, Rafael Grau- ya con fin industrial y social, cuando el arroz dejó de reclamar mano de obra. Isla Mayor ni siquiera era entonces Isla Mayor, era Villafranco del Guadalquivir y pertenecía a La Puebla del Río. Fue el último municipio sevillano en segregarse, en 1994. Y el cangrejo rojo llegó y sigue con respaldo institucional: del antiguo Icona y ha habido ayudas europeas para modernizar las cinco plantas de transformación, con importantes inversiones en plena crisis. Emfacar, por ejemplo, inauguró planta en 2014. En los años 80 el cangrejo sí provocó roces con los arroceros, pero el equilibrio se ha logrado. También hay biólogos que defienden que 42 años después se ha integrado en la cadena trófica, el no pescarlo supondría mayor problema. El riesgo es que se expanda y el cambio legal que se está planteando "con urgencia" ahora -el consenso político puede suplir la ausencia de nuevo Ejecutivo en Madrid- es para que en ningún caso se comercialice vivo, que salga siempre procesado. 

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Con estos datos se entiende mejor el impacto que ha provocado la sentencia en Isla Mayor y en otros municipios ribereños, cuando de lo que se recelaba era del dragado del río. José Antonio Muñoz (62 años, representante de los cangrejeros) dice sentir "vergüenza de los que están por encima", "es una injusticia o desconocimiento absoluto de cómo son las cosas aquí y me siento ofendido". La sentencia planea sobre temporada, que va de agosto, cuando las tablas de arroz se inundan y el Procambarus Clarkii asciende del subsuelo húmedo, hasta noviembre, o enero, si es año de agua. Las empresas procesan y congelan para mantener el suministro todo el año. Cada pescador coge de 150 a 500 kilos al día, que se pagan a 50 céntimos el kilo. Ahora, se abonan a 1,20 y 1,50 euros.

En Isla Mayor hay 250 pescadores, con esas licencias que debe regular la Junta. Pero hay quien redondea y dice que, con otros pueblos, pueden ser 400. Muchos, jóvenes parados de la construcción. Durante la campaña, hay pleno empleo: "Quien está en el paro es porque quiere", dicen por el pueblo. Sólo en Emfacar, necesita a entre 200 y 250 y hay cuatro empresas más. La mayoría son mujeres que se desenvuelven pelando. Vienen incluso en autobús de otros pueblos que se verían afectados, como La Puebla del Río, Los Palacios, Las Cabezas, La Lantejuela, Trebujena. En esta empresa que fundó el pescador Francisco Carnerero y va por la segunda generación, trabajan algo más de 25 personas todo el año y tiene otra línea de precocinados. "La sentencia ha generado incertidumbre, que no es buena para el mercado", dice Elisabeth Carnerero, la gerente, que se muestra "optimista" sobre una posible solución y confía en que todo esto sirva para regular el sector. Subraya que de no ser así se resentirían otros: laboratorios, envasadoras, transportistas y hasta el del automóvil y los talleres. En Isla Mayor "se pesca en coche" porque hay que recorrer cientos de kilómetros entre canales. Y coincide con los pescadores en que en la zona "nunca hubo cangrejo autóctono", que están dispuestos a colaborar por la sostenibilidad y que hasta la patata es un cultivo "exótico" que se quedó. Las empresas están agrupadas en la Asociación de Pesca y Agricultura del Entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua). Con el apoyo de una mesa que se ha creado con todos las administraciones, van a intentar pedir una suspensión de la ejecución de la sentencia, en tanto se aprueba en el Congreso algún cambio legislativo. La Junta asegura que Medio Ambiente y Agricultura tenían ultimado el decreto para regular esta pesca en aguas interiores, que sólo estaba pendiente del fallo. Pero hay empresarios que dicen haberse sorprendido, también el Ayuntamiento y los pescadores.

Como Francisco y Juan Antonio Galera, 56 y 34 años, tío y sobrino. Sin el cangrejo rojo, Isla Mayor sería "el caos total", coinciden. El primero lleva en el oficio toda la vida. El segundo, se inició tras el pinchazo del ladrillo y un año en una fábrica en Valencia. De su grupo de amigos, 90% son cangrejeros. Aceptan mostrar al animal de la discordia, que sacan de una nasa instalada en un canal, cogida entre dos estacas clavadas en el fango. Algo más allá, tienen otra con "tres muertes" (compartimentos) para anguilas, que completan su economía junto a los albures. El 40% de las que capturan se la dan a la Junta, para repoblar, y el resto va a Portugal o se vende a algún "valenciano" de Isla Mayor, donde muchos eventos familiares se celebran compartiendo Allipebre (guiso de anguila con papas, ajo, guindilla y pimentón), también importado de aquellas otras marismas.

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