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La Junta crea un grupo de trabajo para resolver la crisis del cangrejo rojo

  • El PSOE anuncia una batería de propuestas en apoyo al municipio y a la industria agroalimentaria de este crustáceo

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, muestra su respeto por la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a Ecologistas en Acción y otros grupos conservacionistas y anula las excepciones que permitían la comercialización del cangrejo rojo americano, pero reconoce la importancia de esta actividad en algunas localidades, como Isla Mayor. En este sentido, señala que la administración regional ha creado un grupo de trabajo para intentar buscar "una salida" a esta circunstancia.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, anuncia la presentación de una batería de propuestas en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados para defender la comercialización del cangrejo rojo, "una tradición y el principal sustento para las familias de Isla Mayor". Pérez considera que la sentencia del Tribunal Supremo es "un durísimo golpe para la economía local", ya que la mayoría de los vecinos de Isla Mayor viven de esa industria que, "después de 50 años, se ha convertido ya en toda una tradición".

La dirigente provincial también manifiesta su "absoluto respeto" a las decisiones judiciales, pero ha dejado claro que "no la comparte", tras advertir de las "graves consecuencias que va a acarrear en el día a día de este municipio". "Los socialistas vamos, de la mano de la Junta, a dar la batalla políticamente para que el Gobierno central y las autoridades europeas reconozcan los beneficios que tiene esta industria para el municipio y para controlar la proliferación de la especie", asegura la dirigente provincial.

A esta iniciativa de apoyo se suma también la organización agraria UPA en Andalucía y el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, que apela al "sentido común".

La Asociación de Empresarios del Cangrejo de la Isla Mayor, por su parte, reconoce que el sector está "en shock" ante la sentencia del Supremo y prepara "acciones judiciales". "De la noche a la mañana, empresas que cuentan con sus autorizaciones y permisos ven declarada ilegal su actividad", lamenta Valentín Murillo, presidente de esta asociación. Éste asegura que la sentencia constituye un "desastre" para la comarca del Bajo Guadalquivir, dado que, aunque Isla Mayor es "el centro neurálgico de la actividad productiva", hay pescadores y actividad relacionada con el sector en La Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, El Cuervo, Utrera y Pilas. "Si no se encuentran soluciones, a Isla Mayor la hunden, un pueblo que llega a tener el pleno empleo algunos meses del año, con especial incidencia en la integración laboral de la mujer, gracias a este sector", recalca el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle.

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