La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha insistido este viernes en que sería "una barbaridad" que la actividad económica ligada al cangrejo rojo en el municipio sevillano de Isla Mayor se paralizara tras la sentencia del Tribunal Supremo y ha destacado que la prioridad es paralizar la ejecución de la misma. 

Ortiz ha precisado que son cinco la empresas dedicadas a este crustáceo en la zona, del que se exporta el 80% y del que dependen 300 familias. "Hemos transmitido todo el apoyo del Consejo de Gobierno a las familias y al sector para que la actividad económica no se paralice", ha señalado la consejera, quien visitó este pasado jueves junto al consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, el municipio de Isla Mayor para reunirse con los afectados. 

"Estamos viendo con el sector todas las posibilidades a nuestro alcance para que la sentencia no paralice esta actividad económica", ha indicado Ortiz, quien ha reiterado la petición al Gobierno central de que lleve a cabo, por la vía de urgencia, las modificaciones legales necesarias para paralizar la sentencia. Asimismo, la consejera ha señalado que los servicios jurídicos tanto de la Consejería que dirige como los de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio están estudiando la sentencia del Tribunal Supremo para conseguir su paralización. 

"Sólo sería para casos en circunstancias excepcionales, pero aquí las hay", ha apuntado Ortiz, quien también ha apuntado que los propios abogados de las empresas cangrejeras se reunirán próximamente con los letrados de la Administración andaluza para ahondar más en este asunto. 

De esta manera, ha afirmado con rotundidad que la Junta va a apoyar "todas las medidas factibles que se pongan sobre la mesa" y, en este sentido, ha precisado la posibilidad de recurrir la sentencia del Supremo al Tribunal Constitucional, ya que esto podría paralizar en sí la ejecución de la misma, punto que los servicios jurídicos están estudiando porque aportaría tiempo para realizar las modificaciones legales oportunas. 

La postura del  Gobierno

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo central tratará de paliar los daños socioeconómicos derivados de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha prohibido la comercialización del cangrejo rojo, uno de los pilares económicos del Bajo Guadalquivir. 

"Sabemos lo que supone esta sentencia, el Gobierno está estudiando lo que representa y queremos mostrar nuestro apoyo al sector", ha señalado Sanz, a preguntas de los periodistas. Ha añadido que los técnicos del Ejecutivo central trabajan "en apoyar al sector" y en que las consecuencias de la sentencia "sean las mínimas". 

"Estudiaremos entre todos si hay que hacer cambios normativos o mejorar la regulación, pero sin que afecte a lo que representa un modo de vida de una parte importante de población de la zona", ha dicho Sanz. 

El delegado del Gobierno ha reiterado que la sentencia es de obligado cumplimiento pero ha matizado que los técnicos estudiarán las modificaciones normativas para que la afección de este fallo judicial "sea la mínima posible". 

La Junta de Andalucía, los principales partidos políticos, productores y vecinos de municipios del Bajo Guadalquivir donde se pesca y comercializa el cangrejo rojo americano se han movilizado para defender esta actividad, que genera más de 150.0000 jornales y una facturación de unos 20 millones de euros anuales tras el fallo del Tribunal Supremo que ha prohibido la comercialización de este crustáceo, tipificado como especie exótica invasora.