El juzgado Social 7 de Sevilla ha aplazado, por segunda vez, el juicio por el despido de Domingo Enrique Castaño, exdirector de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla imputado en el caso Mercasevilla, por su despido de la asesoría jurídica de la Fundación DeSevilla.

Fuentes del caso han indicado que el aplazamiento se ha debido a que la notificación de que la demanda se amplíe y se dirija también contra los patronos de la Fundación, según pidió el Ayuntamiento de Sevilla, llegó tarde a los destinatarios.

El juzgado Social 7 será el encargado de ver el juicio por el despido de Castaño de la Fundación DeSevilla, de donde fue gerente pero luego pidió una excedencia para ocupar cargos municipales en el anterior mandato municipal del PSOE.

El 26 de mayo del 2011, cuatro días después de las elecciones municipales que dieron la mayoría al PP, el saliente alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, dirigió una carta al gerente de la fundación en la que le pedía tramitar el reingreso de Castaño en la asesoría jurídica.

Sánchez Monteseirín, como presidente de la Fundación, pidió al entonces gerente, Miguel López Adán, que "tramitase" la incorporación a la entidad de Castaño "a partir del próximo 1 de junio, adscrito a la asesoría jurídica y con la categoría III del convenio colectivo aplicable".

Finalmente, en octubre de 2011 el patronato de la Fundación DeSevilla acordó su disolución ante la situación financiera de la entidad.

Castaño, exdirector de Vía Pública del Ayuntamiento y exasesor de Monteseirín, está imputado por la juez Mercedes Alaya en uno de los cuatro sumarios por presuntas irregularidades en Mercasevilla.

Se trata de una de las quince personas imputadas en la rama del caso que investiga lo que la juez de instrucción 6 ha denominado "adjudicación fraudulenta" a la inmobiliaria Samna de la venta de los terrenos del mercado central.

Castaño quedó definitivamente exculpado hace unos meses en el juzgado de instrucción 14 por las presuntas facturas duplicadas presentadas por la federación vecinal Unidad al Ayuntamiento y a la Diputación de Sevilla, un asunto en el que la Fiscalía pidió posteriormente el archivo definitivo contra los demás acusados, al estar prescritos los delitos que les imputan.