El ex presidente del Sevilla FC José María González de Caldas ha podido sustituir la condena de seis meses de cárcel por un delito de cohecho que le impuso el tribunal del caso Malaya por una multa de 10.800 euros. El pasado febrero, el Tribunal ya anunció que sustituiría las condenas de cárcel a los condenados a penas inferiores a dos años de cárcel, en total dieciocho, si pagaban las multas impuestas en la sentencia. 

Debido a ello, la defensa del expresidente del Sevilla se reunió con los magistrados de la Sala para estudiar cómo iban a pagar la multa y así intentar conseguir sustituir su pena de cárcel por multa. El tribunal ha dictado un auto en este sentido y en dicha resolución se acuerda conceder a González de Caldas la sustitución de la pena de seis meses de prisión impuesta por la multa de 10.800 euros, que ya ha pagado, según un auto al que ha tenido acceso Efe. 

El ex presidente del Sevilla, que en su día fue detenido en el marco de la operación Malaya, también ha abonado por transferencia la multa de 30.000 euros a la que también fue condenado por el mencionado delito de cohecho. Es el segundo condenado a pena inferior a dos años de cárcel al que el Tribunal del caso Malaya concede sustituir la condena de cárcel por multa. 

El Tribunal recuerda en la resolución judicial que el caso Malaya ha supuesto el enjuiciamiento de 95 personas por multitud de delitos entre los que destacan numerosos delitos de cohecho y blanqueo "con gravísimo perjuicio para las arcas municipales que resultaron esquilmadas". Para los magistrados, con el caso Malaya se generó a los habitantes un "endeudamiento millonario al que ahora deben hacer frente" y se desarrolló en un ámbito generalizado de corrupción municipal. 

Los numerosos supuestos de corrupción política en que se ha visto envuelta la sociedad española en los últimos tiempos, hasta el punto de generar un clima de indignación generalizada de los ciudadanos, hace a este Tribunal tener en cuenta que se tienen que cumplir las penas, se señala en el auto. 

Por ello, los magistrados ordenaron que todos los condenados a penas superiores a dos años tenían que cumplir su pena de cárcel pero los penados a penas inferiores a dos años de prisión podían ser sustituidas, nunca suspendidas, por el pago de las multas. En las reuniones que se están teniendo con los abogados defensores de estos penados se les pide "un esfuerzo real y proporcionado a sus ingresos, perdiendo sus bienes inmuebles y dinero efectivo que posean en cantidad suficiente para cubrir el pago de la multa".