En Reino Unido lo llaman Plan Ruanda y es el fruto de una complicada negociación entre Londres y Kigali. Se trata de una ley que, a partir del próximo mes de julio, permitirá al Gobierno de Rishi Sunak deportar a la centroafricana República de Ruanda a todos los extranjeros que alcancen las islas británicas en busca de protección internacional. No ha sido fácil aprobar la medida; ha contado con la oposición de los tribunales de justicia, las ONG y buena parte de la opinión pública, además de instituciones internacionales tan relevantes como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados o el Consejo de Europa.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, se compromete a alojar en su país y garantizar la manutención a esos migrantes que llegaron al Reino Unido después del 1 de enero de 2022. Ruanda ya ha recibido de Londres 255 millones de euros como adelanto para convertirse en destino de las deportaciones británicas. Pero eso no es todo: si la solicitud de asilo del deportado es denegada, este deberá regresar a su país de origen o solicitar un permiso de residencia en Ruanda; si le es aprobada, podrá quedarse en Reino Unido y trabajar, pero bajo ningún concepto disfrutar de su estatus de asilado. Sunak dice que protegerá así a aquellos extranjeros cuyas vidas corren peligro en sus países de origen... aunque no los dejará entrar en casa.

Ruanda ya ha recibido de Londres 255 millones de euros como adelanto para convertirse en destino de las deportaciones británicas

Ruanda se convertirá ya en la sala de espera de solicitantes de asilo en Reino Unido y en destino final y permanente de aquellos cuyas vidas están en peligro por sus ideas políticas, creencias, etnia u orientación sexual. Esta república, a más de 6.500 kilómetros de Londres, será una especie de gran centro de internamiento de extranjeros y una subcontrata para alojar a quienes han obtenido el estatus jurídico de asilado.

Dado que ningún ciudadano perseguido o que tema por su vida quiere acabar en esta pequeña nación africana que ocupa el lugar 165 en el índice de desarrollo humano (IDH), Sunak ha convencido a su Parlamento para que otorgue a Ruanda la calificación de “territorio seguro” a pesar de ocupar el puesto 107 en homicidios (de un total de 178 países evaluados) y el 172 en PIB per cápita (de 196 países).

A Ruanda serán "transferidos" (el Rwanda Act, no utiliza la palabra "deportar") los 30.000 migrantes que entran de forma ilegal en Reino Unido cada año; no solo los procedentes de países de África, sino también los de Afganistán, Irán, India, Pakistán y Turquía, que son los cinco principales estados de origen de quienes alcanzan desesperados las islas británicas. Casi 50.000 extranjeros se esconden ya en Reino Unido o se mudan a la vecina República de Irlanda para evitar ser deportados a Ruanda.

Casi 50.000 extranjeros se esconden ya en Reino Unido o se mudan a la vecina República de Irlanda para evitar ser deportados a Ruanda

El Gobierno británico detiene a los primeros migrantes que serán deportados a Ruanda.

También en Italia y Dinamarca

El modelo se expande.  Italia es otro de los países europeos pioneros en contratar a un tercero para que aloje la migración que “no cabe en la península”. Miles de refugiados y solicitantes de asilo rescatados del Mediterráneo por buques italianos serán enviados a Albania para que, desde allí, tramiten sus papeles según un acuerdo alcanzado entre el primer ministro albanés, Edi Rama, y su homóloga italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni. No se transferirán a menores, embarazadas o personas vulnerables, aclara el Gobierno italiano. Meloni desembarcará en Albania a los migrantes que rescate en el Mediterráneo pero, en caso de que Roma les concediera después el asilo político o estatus de refugiado, sí podrán viajar y residir en Italia, extremo que marca una relevante diferencia con la estrategia de Sunak.

También Dinamarca trabaja ya en un nuevo plan de transferencia de migrantes a terceros países. Copenhague está en conversaciones con Egipto y Etiopía. Tampoco descarta a Ruanda, el país que más dispuesto se muestra para solucionar las avalanchas de migrantes en el primer mundo. Ruanda acoge desde 2016 a migrantes expulsados de Israel en función de un acuerdo que Netanyahu niega pero que las ONG conocen al dedillo: Tel Aviv paga al país africano 5.000 euros por migrante transferido y 3.500 a este. En su mayoría son ciudadanos de Sudán y Eritrea.

Italia y Dinamarca son también pioneros en contratar a un tercer país para que aloje la migración que “no cabe" en sus territorios

El objetivo de estas rocambolescas estrategias es, según sus promotores, “disuadir a las mafias que trafican con migrantes y evitar muertes innecesarias”. Pero las ONG aseguran que las mafias no son el problema, sino una consecuencia inevitable de los flujos migratorios: “Hay mafias porque existen personas sin escrúpulos capaces de aprovechar las necesidades de transporte de los migrantes”, asegura un responsable de Cruz Roja. “Todas estas medidas de los diferentes gobiernos europeos no impedirán que los migrantes sigan cruzando el Estrecho; solo conseguirán que, una vez que lleguen a Europa, se dirijan a unos países y a otros no”, continúa.

BREAKING: The first people set to be removed to Rwanda have been detained. pic.twitter.com/2WWNhQVC1l

— Home Office (@ukhomeoffice) May 1, 2024

El caso de España

España recibió 3163.000 solicitudes de asilo político en 2023. Aprobó un 12% de ellas. Venezuela, Colombia, Perú, Marruecos y Honduras son, por ese orden, las principales nacionalidades de origen de los que piden asilo al llegar a España para poder establecerse. Por eso la mayoría de las peticiones de asilo se realizan en el aeropuerto de Barajas. Después de Madrid, Andalucía es la siguiente comunidad en recibir solicitudes de asilo.

A pesar del que el Tribunal Supremo español aprobó en octubre de 2020 la opción de petición de asilo en embajadas y consulados españoles, el Gobierno sigue impidiendo de forma sistemática el acceso al procedimiento de asilo por medio de esta vía; sigue sin aprobarse ningún reglamento que regule este proceso y los embajadores guardan silencio cuando se les pregunta por ello. Madrid cree que si sus embajadas y consulados se convirtieran en centros de recepción de solicitudes de asilo, en muchas legaciones cundiría el caos, toda vez que la Ley de Asilo española de 2009 obliga a los embajadores a promover el traslado de los solicitantes de asilo a España cuando sus vidas corran peligro en su país de origen.

El Gobierno de España construye el que será el Centro de Internamiento de Extranjeros más grande de Europa, en Algeciras

La violencia o persecución por razón de orientación sexual se ha convertido en uno de los motivos más recurrentes de quienes, no procediendo de países en conflicto, solicitan asilo en España. En esto también se la colado la picaresca, y los trabajadores sociales de las ONG que ayudan a migrantes (Cepaim, CEAR, Cruz Roja, Save the Children, SAMU y otras) reconocen que muchos extranjeros varones se hacen pasar por personas homosexuales perseguidas en sus países. “Estas trampas hacen a la larga mucho daño a quienes de verdad huyen de la cárcel o la muerte por razón de su homosexualidad”, afirma una mediadora de Cepaim.

Por ahora, los demandantes de protección internacional en España deben alcanzar suelo español para solicitar asilo. Los africanos no tienen otra forma de hacerlo si no han saltado las vallas de Ceuta o Melilla o se han jugado la vida en una patera para llegar a las costas del Campo de Gibraltar, ya que la solicitud en un puesto fronterizo también sigue siendo una quimera.

Un rescate de Salvamento Marítimo a pocas millas de la costa campogibraltareña.

Madrid, de momento, no tiene ningún pacto con terceros países para la transferencia de migrantes llegados a territorio nacional. Construye el que será el Centro de Internamiento de Extranjeros más grande de Europa, en Algeciras. Cuando comience a funcionar podrá albergar a 500 extranjeros no comunitarios en proceso de expulsión.

Lo que sí ha hecho Madrid es acordar con Rabat un plan por el cual las autoridades policiales marroquíes impiden la salida de migrantes hacia España a cambio de 30 millones de euros anuales.

También Bruselas abona a Marruecos la suculenta cifra anual de 500 millones de euros para que frene las pateras y los saltos de vallas de Ceuta y Melilla. No siempre consiguen impedir esos saltos; a veces, para lograrlo tienen que recurrir los agentes fronterizos a una contundencia que, como en julio de 2022, dejó varias decenas de muertos.

El futuro CIE de Algeciras, a punto de inaugurarse.

La posición de la UE

Bruselas no quiere que cada país de la Unión alcance sus propios acuerdos migratorios con terceros países. Entiende que eso no frenará los grandes flujos, sino que los desplazará de un destino a otro dentro de Europa creando conflictos entre naciones. El pasado miércoles, un grupo de quince países solicitó a la CE fórmulas “innovadoras” para frenar el éxodo hacia Europa de los migrantes. ¿La solución? Al modo de los ejemplos de Reino Unido o Italia , apuestan por la creación fuera de la UE de centros para los solicitantes de asilo rescatados en el mar.

En una misiva dirigida a la CE, los ministros de Interior de Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumania y Finlandia piden "el establecimiento de asociaciones integrales, mutuamente beneficiosas y duraderas con países socios clave a lo largo de las rutas migratorias”.

¿Y España?

España admite el problema como frontera sur europea y sabe de la necesidad de buscar soluciones conjuntas, pero es reticente a la hora de asumir las propuestas de la mayoría de los socios europeos. José Manuel Albares, ministro Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, considera que los traslados de migrantes a terceros países “no garantizan la seguridad de las fronteras ni respetan los derechos humanos”, dijo el pasado viernes en TVE.

Los expertos prevén que las pateras seguirán llegando a las costas peninsulares y a los archipiélagos españoles. El control naval de bloqueo que propone Giorgia Meloni, al estilo de la Operación Sophia de 2015, no parece posible ni resultaría eficaz. Países como Francia y Alemania seguirán absorbiendo el grueso de esa migración mientras sigan ofreciendo oportunidades razonables de trabajo y no implanten políticas de deportación o expulsión. Reino Unido ya ha conseguido disuadir a los migrantes aunque, para llevar a cabo sus planes, tenga que ignorar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.