"Que sea un juez el que decida si lo han llevado por esa vía, pero nosotros no tomamos ninguna decisión de manera unilateral, sólo pusimos en conocimiento una sentencia de noviembre del Tribunal Supremo", afirma Emilio Moleón, administrador de la comunidad de vecinos de Ojén, El Vicario III, que ha sido denunciada por una inmobiliaria tras prohibir los pisos turísticos. 

La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, se basa en que la decisión de no permitir pisos turísticos se tomó en una junta que no lo incluía en su punto del día, por lo que, a ojos de Homewatch y su representación letrada, se estaba actuando "unilateral y arbitrariamente". 

Moleón, sin embargo, mantiene que la comunidad no les ha pedido que gestionen ningún tipo de "medida coercitiva" contra el piso, a pesar de que sigue publicado en plataformas de alquiler vacacional, sin embargo no sabe "qué va a ocurrir en los próximos meses". También defiende que no es un punto que debiera ser votado, ya que los estatutos ya reconocen la prohibición de la actividad comercial en la comunidad. 

Así, lo único que hicieron, asegura, es poner en conocimiento de los vecinos que el Tribunal Supremo, mediante una sentencia de noviembre de 2023, sentó jurisprudencia al entender que la prohibición de la actividad comercial también incluye a los pisos turísticos. Además, apunta Moleón, la sentencia tiene carácter retroactivo. 

La CEO de Homewatch, Vivienne Thoennessen, argumentaba que la comunidad realizó una "interpretación muy subjetiva" de los estatutos de forma unilateral. “Después de varios años alquilando sin problema, estando dado de alta y con conocimiento pleno de toda la comunidad, no puedes decir de repente que está prohibido según los estatutos sin una votación a favor de tres quintas partes de los propietarios”, asevera Thoenessen, que incide en que están “reinterpretando a posteriori” la naturaleza del reglamento interno.

"Si se ha llevado al juzgado, serán los jueces los que tomen la decisión, perfecto", asegura Moleón; que reivindica que no es necesario el voto favorable de tres quintas partes de los vecinos, "porque no se modificaron los estatutos", sino que se aplica la jurisprudencia más reciente. 

“No tiene sentido que estén prohibidos los alojamientos vacacionales en una comunidad porque están prohibidas las tiendas de ropa. No tiene ni pies ni cabeza”, subraya la CEO de Homewatch, que asegura que el compromiso de su empresa es defender "los derechos de los propietarios y el rol esencial de estos alquileres" para sostener el desarrollo económico derivado del turismo en la Costa del Sol.

Cabe recordar que en noviembre de 2023 la Junta de Andalucía publicó un decreto en el que se regularizaba la figura de las viviendas para fines turísticos (VUT). Por la misma permitía que las comunidades de vecinos prohiban en sus estatutos las mismas. Para ello, debían modificarlos pero si para cualquier cambio en este documento se necesita la mayoría absoluta, para prohibir los vacacionales reducían a tres quintos del censo de vecinos. El motivo es evidente: si fuese necesaria la mayoría absoluta un sólo vecino con vivienda de alquiler temporal podía frenar la voluntad de todo el resto de la escalera que querría vetarlos. 

No es este, sin embargo, el movimiento que han hecho en El Vicario III, mantiene Moleón, y por eso mismo no es necesario que haya una votación: la actividad económica ya estaba prohibida. Sin embargo, argumenta, que si hubiera sido necesario también hubieran podido aprobar esa medida: "De 29 propietarios sólo esa vivienda estuvo en contra". 

También afirma que el complejo residencial comprende cuatro fases, en todas ellas se aplica la misma sentencia y en todas ellas conocen que hay viviendas en las que persiste la actividad vacacional, que por el momento mantienen a pesar de que se haya avisado de que los estatutos, atendiendo al fallo del Supremo, no lo permiten. 

En el conjunto de la provincia hay que tener en cuenta que Málaga no solo es la provincia andaluza con más viviendas turísticas, sino que también es la provincia española con más viviendas destinadas a este fin a nivel nacional. En total, el verano pasado había censadas en Málaga más de 39.040 viviendas turísticas, seguidas de Alicante (37.962), Baleares (26.507), Girona (21.632), Canarias (20.314) y Madrid (16.970), según los datos oficiales registrados por el INE.