El Ayuntamiento de San Fernando y la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico han llegado a un acuerdo para constituir una comisión de trabajo conjunta en torno al plan especial del entorno del caño del Carrascón después de que en el Pleno del pasado mes de febrero se revocara su aprobación definitiva.

Este paso, que se daba tras la suspensión de dicho instrumento urbanístico ordenada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), permite ahora al Consistorio isleño retrotraer la tramitación del expediente al momento posterior a la recepción del informe emitido por Costas, que es cuando  empezaron los problemas. 

El propósito del gobierno local es que el procedimiento siga con la fase de consultas previa a la aprobación definitiva del expediente conservando así la tramitación previa.

Pero para tratar todas esas cuestiones recogidas en la redacción del plan especial susceptibles de no ser aceptadas con Costas se ha planteado la creación de esta comisión integrada por ambas administraciones al objeto de avanzar con más agilidad, de poder dar explicaciones "cara a cara" e, incluso, de asumir las modificaciones que sean necesarias para que el citado plan especial llegue a buen puerto. 

Así, además, el Ayuntamiento isleño aspira a garantizarse la posterior ejecución de dicho plan en un futuro, momento en el que nuevamente tendrán que requerirse entonces informes de Costas. 

Con todas estas medidas -la revocación del acuerdo definitivo y la creación de una comisión con Costas- el Ayuntamiento isleño pretende reconducir la tramitación administrativa del plan especial del Carrascón y evitar un largo contencioso que nadie quiere y de incierto resultado.

Sobre todo -se explicaba hace unas semanas desde el Consistorio- porque las diferencias que han surgido durante el proceso son más de forma que de fondo: el informe de Costas llegó fuera de plazo y después de la aprobación definitiva, por lo que no se tuvo en cuenta; y el punto que discuten ambas administraciones alude a la interpretación jurídica de la norma que habla de la apertura de un periodo de consultas en el proceso. 

Más de un millón de metros cuadrados

La tramitación administrativa del plan especial del Carrascón se llevó a cabo durante el anterior mandato con el objeto de ordenar de cara a un posterior desarrollo esta amplia zona de marismas, caños mareales y antiguas salinas que discurre desde el Zaporito hasta Gallineras: hasta 1.143.223,28 de metros cuadrados que el PGOU de San Fernando califica como Sistema General de Espacios Libres (Parque Metropolitano PM1-Entorno del Caño del Carrascón).

El objeto del plan no era otro que aprovechar "las potencialidades y valores culturales, etnológicos, naturales y paisajísticos" de estos suelos afrontando su recuperación "dado que se encuentran en un fuerte estado de degeneración", según se recoge en la memoria del plan especial. Así, se pretendían desde el Ayuntamiento distintas actuaciones tendentes igualmente a propiciar su integración con el Parque Natural: mejorar los accesos y el sendero existente, ampliar el paseo a lo largo de la Ronda del Estero, habilitar nuevas plataformas peatonales, implantar actividades deportivas, de ocio y esparcimiento, desarrollar zonas verdes, favorecer la recuperación de salinas, habilitar aparcamientos...

Costas, no obstante, interpuso un recurso contencioso administrativo contra dicho plan especial al considerar que es nulo de pleno derecho por vulnerar la ley de Costas, entre otras cuestiones, porque su informe no se había tenido en cuenta al haber llegado meses después de que se agotara el plazo, lo que llevó al TSJA a ordenar su suspensión como medida cautelar.