El Ayuntamiento de San Fernando mantuvo el lunes una reunión con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, la dirección y las familias del CEIP San Ignacio para abordar el problema del centro educativo tras la declaración de ruina "con el único objetivo de ayudar a la Junta de Andalucía a que pueda dar respuesta a las necesidades y demandas de la comunidad educativa", según precisó posteriormente el equipo de gobierno en un comunicado.

Durante el encuentro, solicitado por el propio Ayuntamiento, defiende que se volvió a trasladar la voluntad de la alcaldesa de "ayudar a la Junta a que encuentre soluciones a corto, medio y largo plazo". Incluso –sostuvo el ejecutivo municipal– "más allá del límite de las competencias municipales".

"Desde el primer momento desde el Ayuntamiento se ha trabajado en todas las direcciones posibles para garantizar la seguridad del alumnado y el personal docente y de servicios, desde el convencimiento de que la prioridad es el alumnado, que es necesaria la unidad de acción y el entendimiento entre administraciones", afirmó.

Para el gobierno local, el problema radica en que "no es aceptable que la Junta mantenga colegios con más de 50 años y con problemas estructurales desde que se construyeron". El Ayuntamiento –defiende el equipo de gobierno– "se ha puesto manos a la obra para analizar, decretar y dar soluciones sobrepasando todas las responsabilidades municipales en materia de educación pública". "Pero hasta ahora, todas las actuaciones, sin excepción, las ha desarrollado en solitario", añadió.

En esa tarea "de buscar soluciones rápidas" el gobierno cita las actuaciones acometidas en este centro educativo que –afirmó– corresponden a la Junta, tales como "costear y coordinar el traslado del mobiliario y materiales de los cursos de Primaria al edificio de Infantil, la habilitación de la nueva señalética, la adecuación del edificio provisional con pequeñas reformas, la realización de los estudios técnicos, hasta la compra e instalación de estores y paneles de metacrilato o el pintado de distintos espacios". "Sin embargo –reitera– no se ha sentido el acompañamiento de la administración autonómica en este asunto".

Defiende también el ejecutivo de Patricia Cavada que "se han dado todos los pasos para garantizar que el aula matinal y el comedor ofrecieran un servicio de calidad desde el inicio de curso, pero la realidad es que la Junta sigue ni siquiera sin remitir en estos meses el proyecto necesario para acometer la obra del office de la cocina, que asumirá, en un nuevo acto de ayudar en dar soluciones, el Ayuntamiento".

A esto suma que la instalación eléctrica no ha superado la inspección del Organismo de Control Autorizado (OCA), lo que obliga a tramitar un nuevo proyecto de adecuación energética del edificio, "que será también asumido por el gobierno municipal pese a que esta no es competencia de las administraciones locales".

A la espera de que la Junta remita el proyecto del office, la adecuación energética se realizaría en verano –explica– ya que por motivos de seguridad el edificio no puede estar en uso.

Señaló también el Ayuntamiento que la Delegación Territorial de Educación se comprometió a dotar al centro de un módulo prefabricado para dar servicio provisional al comedor. Sin embargo, advirtió, hasta la reunión mantenida el lunes no anunció su instalación "y que su uso será múltiple, sin definir si finalmente albergará el comedor, algo que el Ayuntamiento espera que así sea".

La demolición del colegio, "lo antes posible"

El Ayuntamiento, en este encuentro, volvió a demandar a la Junta que comience con los trámites para la construcción del nuevo colegio "ya sea en el solar del colegio ahora cerrado o ampliando el provisional".

"Se deben ir dando pasos, con el compromiso presupuestario, con la tramitación del proceso urbanístico y con la licitación de la redacción del proyecto y de la propia obra", insistió para a continuación echar en falta "un compromiso" por parte de la administración autonómica. "Ni siquiera ha habido un pronunciamiento claro de la Junta de Andalucía en la voluntad real de construcción de un nuevo centro educativo", recriminó. 

El Ayuntamiento, en este sentido, volvió a reiterar su ofrecimiento a la Junta de Andalucía para ceder gratuitamente una parcela pública municipal en la que construir un nuevo edificio. "Es imprescindible una respuesta de la Junta de Andalucía al ofrecimiento de suelo para construir un nuevo colegio en el barrio", insistió. 

En este sentido, el Ayuntamiento quiere afrontar "lo antes posible" la demolición del edificio "por responsabilidad y como parte de sus competencias". Por ello, informó también en el comunicado, "va a solicitar ya la descatalogación del edificio para poder licitar su derribo".

"Desde el gobierno local se ha venido instando desde hace años a la Junta de Andalucía para que interviniera en el San Ignacio, con graves problemas estructurales acreditados, derivados de una construcción deficitaria y sus 50 años de antigüedad. Tanto el informe técnico emitido en su día por la propia Agencia Pública de Andalucía de Educación (APAE), organismo de la Junta, como el encargado expresamente por el Ayuntamiento dictaminan que el edificio destinado a Educación Primaria fue construido en los años 70 con materiales de mala calidad, "lo que se traduce en una irreversible situación estructural".