EL campo español vende más que nunca, es el cuarto exportador de la Unión Europea, el séptimo del mundo y los fondos de inversión compiten por entrar en las grandes explotaciones, pero el malestar entre los agricultores es profundo, tanto que ha bastado que una asociación de extrema derecha y antiglobalista, la Plataforma 6F, prendiese una chispa mediante grupos de whatsapp para que haya terminado por sacar a las carreteras a productores de distintas ideologías. El uso de los chalecos amarillos por parte de muchos de estos manifestantes llama al movimiento homónimo nacido en Francia. Sin líderes ni organización; sin autorización para los cortes ni interlocución con ningún Gobierno.

  Una de las eminencias del mundo rural andaluz, Eduardo Moyano, ingeniero agrícola y catedrático de Sociología, lo ha dejado escrito: el sector agrícola atraviesa desde hace años una profunda reconversión tecnológica, imparable y muchos se quedan en los márgenes o atados a una angustiosa supervivencia. Baste el dato que el Ministerio de Seguridad Social ha ofrecido esta semana: en los últimos 10 años se han perdido 100.000 empleos en el campo.

Ahí reside el malestar justo que estos grupos quieren explotar con su populismo antiglobalizador, lo que es toda una contradicción en un país que exporta la mitad de su producción, que tiene una balanza comercial positiva de 14.900 millones de euros y que necesita a Bruselas para sobrevivir. Ningún país exportador quiere que se levanten barreras comerciales, porque el libre comercio debe ser recíproco.

Hay muchas explotaciones que se van a quedar en este camino de tecnificación y concentración. Basta con mirar a la ganadería, que es el sector más perjudicado de todos. En la provincia de Cádiz había en el año 2000 un total de 150 explotaciones de vacas de ordeño, hoy no son más de 30, de 16.000 cabezas se han pasado a 6.300 animales, un fenómeno que ha sido calificado por algunos autores como una extinción ganadera.

Pero estos problemas existían antes del martes pasado y se mantendrán, porque este estallido ya no es un problema del campo, sino de orden público, es una revuelta –de nuevo, este nombre– que intenta paralizar al país y sumar a autónomos y camioneros en un nuevo jaque al Gobierno en un febrero muy caliente. Son la antesala de unas elecciones europeas muy reñidas en las que los distintos partidos de extrema derecha intentan arrancar votos a los populares y a las izquierdas descontentas con la globalización, con las que tanto se confunden.