El Juzgado de Instrucción 1 de Barbate ha rechazado la petición de la Fiscalía de archivar las diligencias abiertas para depurar posibles responsabilidades penales de los mandos de la Guardia Civil que ordenaron el operativo en el que dos agentes murieron al ser embestidos por una narcolancha, y ha pedido su identificación. Así seguirá adelante la causa laboral para conocer las condiciones del operativo.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que interpuso la denuncia por la que se abrieron estas diligencias y cuya personación en el sumario como acusación popular ha sido aceptada por el juzgado, ha informado este martes de que el juzgado ha desestimado la petición de la Fiscalía de archivar las diligencias. "Y, por el contrario, ha acordado la práctica de diligencias de investigación", y en concreto que la Dirección General de la Guardia Civil "informe sobre la cadena de mando seguida, con identificación de sus personas, que dio finalmente la orden a los agentes de la Guardia Civil de entrar en el agua con la patrullera el día 9 de febrero de 2024", explica en una nota de prensa la AUGC.

El juzgado, añade, ha acordado también la incorporación a los autos de las declaraciones prestadas ante el juzgado por los guardias civiles supervivientes, que viajaban, con los dos agentes fallecidos, en la lancha que sufrió las embestidas de las narcolanchas que estaban en el puerto de Barbate cuando iban a identificar a sus tripulantes.

En aquellas declaraciones "manifestaron las inaceptables condiciones de seguridad y de falta de medios" con las que se enfrentaron a las narcolanchas.

La prevención de riesgos laborales

La AUGC recuerda que "la prevención de los riesgos laborales es un derecho de todos los miembros de la Guardia Civil y una obligación principal para quienes ejercen el mando y conducen las operaciones".

La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) también se sumó a estas acusaciones y denunció por un presunto delito de homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves al general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y al coronel jefe de la Comandancia de Cádiz como responsables de aquel operativo, según informó la semana pasada.

Jucil interpuso esta denuncia tras analizar las declaraciones ante el juez de los cuatro guardias civiles que sobrevivieron al ataque de la narcolancha, al constatar que "los superiores denunciados tenían constancia plena de que los medios eran insuficientes y, aun así, obligaron a los guardias civiles a realizar una intervención policial fuera de sus capacidades y aptitudes".

Estas diligencias se hacen en paralelo a las que el mismo juzgado desarrolla para identificar a los tripulantes de la narcolancha que acometió la fatal embestida, causando la muerte de Miguel Ángel González y David Pérez.