El Gobierno andaluz necesita recuperar la confianza ante la inminente negociación del futuro proyecto de ley de reordenación del sector público. IU le sugirió ayer en el Parlamento cómo hacerlo: con la paralización de los estatutos de las nuevas agencias resultantes del decreto que ahora mismo está en vigor. La recomendación fue aceptada por el propio presidente andaluz, José Antonio Griñán. Durante la sesión de control al Gobierno, garantizó al coordinador de IU, Diego Valderas, que no adoptarán ningún acuerdo que ponga en jaque un "debate completo" y un "diálogo profundo y sincero" a nivel político y sindical sobre esta norma.

Fue IU quien se lo puso en bandeja, pero lo cierto es que el jueves ya el Ejecutivo autonómico andaba barajando la posibilidad de dejar en suspenso los estatutos. Al parecer, acabaron por calar las críticas de una oposición que no acaba de entender que no se derogue el decreto y, menos aún, que antes de la negociación de la futura ley se fije cuál va a ser la estructura organizativa de las catorce agencias resultantes de la fusión y absorción de otros entes instrumentales de la Junta. Eso dio pie a reuniones y a ciertas tensiones entre Presidencia y la Consejería de Hacienda y Administración Pública. La primera inclinándose por detener el proceso de aprobación de estatutos -estaban ya preparados para estos últimos Consejos de Gobierno y se han quedado en el aire-, y la segunda, por seguir adelante con lo que marca el decreto: que estén listos para el 31 de diciembre.

Este plazo viene forzado por la "urgencia" del compromiso adoptado por todas las comunidades autonómicas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como arma para la contención del déficit. Algo que, por ahora, sólo cuatro comunidades cumplen, entre ellas, Andalucía, y otras cinco más lo harán antes de que acabe el año. Eso sí, todas también por vía de decreto, pero sin conflicto con los funcionarios.

La paralización, por tanto, de los estatutos quedó despejada por Griñán dentro y fuera del salón de plenos. Después de su duelo quincenal con los líderes de la oposición, le volvió a dejar claro a Valderas que los estatutos no seguirían adelante. Fuentes de la Consejería de Hacienda explicaron también que "hay tiempo para negociar y buscar el consenso", tanto sobre los estatutos como sobre todo lo que atañe a la reorganización del sector público, antes de la aprobación definitiva de la ley.

De todas formas, los estatutos podrían ser aprobados, porque de poco sirven si no están listos los protocolos para la integración de los entes en esas nuevas agencias. Para esto, el margen de maniobra es más amplio. En la negociación con CCOO y UGT de las modificaciones a este nuevo decreto, la Junta accedió a su petición de aplicar una especie de moratoria para que a lo largo de los primeros meses del año próximo estos se perfilaran con una mayor tranquilidad.

La ronda de conversaciones políticas y sindicales en sede parlamentaria arrancará en enero -se va habilitar este mes- para que en febrero esté lista la ley. La razón está en que el Gobierno andaluz no quiere dilatar por más tiempo el proceso. Y la fecha clave es el 28-F. Después del desgaste sufrido en los tres últimos meses a cuenta del conflicto con los funcionarios movilizados por los sindicatos y plataformas disidentes con el decreto, y haber estado sometidos a pitadas y abucheos allí donde fueran Griñán y sus consejeros, no podrían arriesgarse a ver cómo se revienta el acto institucional más importante del año para la Junta. Tampoco es conveniente tener un frente como éste abierto a tres meses de unas elecciones municipales.