Letrado de la Junta desde 1995 y jefe del gabinete jurídico desde 2012 a 2021, Jesús Jiménez asegura que la transparencia siempre ha estado en su “órbita de responsabilidad”. Desde febrero, esta responsabilidad es aún mayor, ya que preside el Consejo de la Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía desde febrero. El ente andaluz, que nació en 2014, es el único de España –junto con el estatal– que conjuga ambas competencias, algo básico, según Jiménez, pues muchas veces el límite al derecho a la transparencia está precisamente en la protección de los datos personales.

–¿Cómo ha sido su aterrizaje en el Consejo de Transparencia?

–La doctrina de Manuel Medina es muy sólida y el personal está completamente comprometido, pero la ciudadanía necesita conocerlo y utilizarlo más.

–Después de muchos años en la Administración, ahora le pide que sea transparente. ¿Es un cambio de bando?

–No tengo esa sensación. La percepción que tengo ahora desde elConsejo es más benévola con la Administración. Aprecio realmente una voluntad de cumplimiento de las normas de transparencia. Esta voluntad supera obstáculos, como el desconocimiento que hay en partes de la misma Administración y, sobre todo, la falta de medios. La Junta, los grandes ayuntamientos y las universidades tienen recursos personales y materiales para atender la transparencia. Pero hay municipios pequeños donde el que atiende a la transparencia es quien presta el servicio al ciudadano.

–¿Le ocurre lo mismo al Consejo con los medios?

–Somos 50 personas. La dotación debe ir acorde con la misión y ahora mismo hay un incremento de reclamaciones ante el consejo que requiere una mayor dotación.Trabajamos siempre desde la perspectiva de la austeridad y exprimiendo los medios al máximo. Pero no todo puede basarse en el compromiso extra horario del personal. Hemos tenido 600 asuntos, de media, al año hasta 2020. En el primer semestre de 2021 ya hemos superado esa media.

–¿Por qué ocurre esto?

–Cada vez más personas saben que existe el Consejo y que tienen la posibilidad de acudir.

–Estos organismos nacen como consecuencia de los movimientos por la transparencia que se consolidaron a principios de la pasada década. ¿Se ha pasado la moda de la transparencia?

–La transparencia, como derecho a conocer qué hace la administración, no es una novedad. Es un movimiento mundial, europeo sobre todo. Viene a quedarse y debe quedarse. Tenemos que seguir avanzando e ir acorde con los nuevos retos que se les presentan a los poderes públicos.

–¿La gente conoce suficiente estos derechos?

–Tenemos campañas para dar a conocer a los ciudadanos qué información pueden pedir y cómo pueden hacerlo, cuáles son los límites de la petición y de qué plazos dispone la Administración.

–Tienen previsto poner en marcha un plan de evaluación de la transparencia de la Administración.

–La evaluación existe ya y tenemos planes de inspección. Pero nuestra misión es que la Administración sea cada vez más transparente. Nuestro objetivo es corregir los errores e identificar los puntos de mejora, no establecer niveles de cumplimiento.

–¿Cuál es el mayor reproche que hace a las Administraciones? 

–Los plazos de respuesta.

–Tienen las competencias en protección de datos desde 2019. ¿Es algo todavía más desconocido para la ciudadanía?

–El ciudadano intuye cuáles son sus derechos en materia de protección de datos, pero no los conoce. No sabe quién tiene sus datos, para qué y cuánto tiempo. Es un derecho fundamental que tiene unos límites muy precisos y una normativa comunitaria muy relevante. El reto es que el ciudadano conozca esto, sobre todo ante la Administración pública. ¿Qué hace el poder del Estado con tus datos?

–¿La primera preocupación es el Estado y no las grandes corporaciones digitales? El Estado ya tiene todos mis datos.

–Precisamente por eso. Los datos en el ámbito público tienen la mayor protección, pero los ciudadanos tienen que tener la mayor información. LaAdministración decide a partir de los datos que tiene. Un dato en posesión de un poder público es relevante y el ciudadano tiene derecho a pedir cuentas.

–¿Hay muchas reclamaciones en este sentido?

–Sobre todo el ejercicio de derecho al acceso para saber qué datos tiene la Administración de los ciudadanos. Pensemos en sanidad, por ejemplo. Son muy llamativas las reclamaciones sobre acceso a la historia clínica.

–¿Existe la posibilidad que un poder público deje a la vista datos sanitarios para el sector privado?

–No, no. El dato es muy relevante para muchas actividades de interés público. Hay muchos proyectos con uso de datos sanitarios para interés público, pero esos datos no tienen por qué estar asociados a una persona concreta. Puede ser una imagen médica, por ejemplo. En esos casos se evita el riesgo de afección al dato personal.

–Esto habrá aumentado en la pandemia con proyectos como la aplicación Alerta Covid o el certificado de vacunación.

–Se han incrementado las consultas concretas, aunque en materia de reclamaciones no ha sido relevante. Los datos sanitarios están especialmente protegidos y una su uso con una finalidad pública asociada, como evitar un contagio, se ha cuidado mucho. No ha habido brecha de seguridad en la materia.

–¿Qué papel tiene el Consejo en ataques de ciberseguridad?

–Recibimos la comunicación de las brechas de seguridad y se lo trasladamos a los afectados si ha habido acceso a datos personales. También analizamos la causa de la brecha y la diligencia del sujeto obligado en la protección de datos para cerrarla.

–Si el derecho a la transparencia es, es poco conocido, en de la protección de datos debe serlo más.

–El derecho a la protección de datos es más complejo. El ciudadano entiende cuando ha habido una vulneración, pero es más complicado entender quién es responsable y la forma de reclamar.

–¿Qué reto tiene a largo plazo en materia de protección de datos?

–Hay una preocupación por los avances tecnológicos. Su velocidad es incontrolable. No podemos permitir que vayan siempre por delante del conocimiento que tiene el ciudadano de sus derechos o del avance de la tecnología al servicio de la protección de sus datos. El gran reto es configurar entornos de protección de los datos personales ante la Administración electrónica.

–¿Cómo se conjuga esto con tecnologías de Inteligencia Artificial, como el reconocimiento facial?

–Cualquier tecnología que utilice una máquina para resolver problemas, como puede hacerse en un proceso de selección, es Inteligencia Artificial. Estamos hablando de procesos que utilizan o generan datos de los ciudadanos y el ciudadano tiene que ser consciente de que eso se está produciendo.

–¿Hay una brecha generacional o económica en asuntos de derechos digitales?

–Se aprecia una brecha, ya sea por cuestiones de género o socioeconómicos, por pertenencia a grupos desfavorecidos.

–¿De género?

–Sí, es curioso. Sospechamos que es por la diferencia de acceso a la tecnología. El porcentaje es del 80% de peticiones de hombres y 20% de mujeres.