Abengoa evita por ahora la declaración del concurso de acreedores. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, que tramita el proceso concursal de la matriz y 44 filiales, admitió ayer a trámite la petición de una prórroga de siete meses para cerrar su plan de rescate al contar con el apoyo de los titulares 75,02% de su deuda financiera. Este porcentaje supone que tres cuartas partes de su pasivo financiero se compromete hasta el próximo 28 de octubre a no iniciar acciones judiciales para reclamar su deuda. Para recabar los apoyos, una notaría de Madrid ha estado abierta a disposición  de los acreedores desde el Lunes Santo hasta el mismo Domingo de Resurrección, incluyendo todos los días festivos.

La admisión a trámite de "la solicitud de homologación del acuerdo de refinanciación" -o Standstill como se conoce en la jerga financiera- eleva la protección de la compañía, ya que paraliza las ejecuciones contra el patrimonio de las sociedades en preconcurso, "lo que implica la imposibilidad de iniciar tales ejecuciones", según la providencia dictada por el magistrado Pedro Márquez Rubio, que en los próximos días se pronunciará sobre si acepta o no el aplazamiento. En este tiempo, nuevos acreedores pueden sumarse a la homologación de espera, por lo que el porcentaje de adhesión podría elevarse.

"Éste es un paso clave en el proceso de reestructuración de Abengoa y permite a la compañía llevar a cabo el Plan de Viabilidad Industrial y Financiera presentado el pasado 16 de marzo", explicó la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, hará extensiva la protección y homologación del acuerdo en EEUU acogiéndose a los capítulos once y quince de la ley estadounidense de quiebras.

La multinacional andaluza solicitó el pasado 25 de noviembre el procedimiento del artículo 5bis de la Ley Concursal, también denominado preconcurso. Esta vía legal concede un plazo de cuatro meses -que expiraba ayer- para presentar un convenio al juzgado con el apoyo mayoritario de sus acreedores. Ante la imposibilidad de formalizar el convenio dentro del marco temporal establecido por el juez, empresa y acreedores han optado por ganar tiempo a través de la vía de la homologación de espera o standstill, presentando al juez un preacuerdo que ahora debe ser desarrollado.

Abengoa confía en no tener que agotar el periodo de gracia de siete meses, ya que calcula que podría cerrar el documento definitivo a finales del mes de abril, tal y como avanzó su presidente, Antonio Fornieles, en la presentación celebrada el 16 de marzo para acreedores y analistas. A continuación, este plan debe ser sometido "a la consideración de los acreeedores y se pedirá su voto a favor para presentarlo al juzgado dentro de cuatro o seis meses", según fuentes cercanas a la operación. "Posteriormente, Abengoa tendrá que solicitar la celebración de una junta general de accionistas para su aprobación", agregaron las mismas fuentes.

Si se superan estos pasos, surgirá una Nueva Abengoa  centrada en la ingeniería y construcción y controlada mayoritariamente por fondos de inversión. También será una empresa con una disciplina financiera fuerte, que utilizará menos recursos propios para sus proyectos. 

Dejará así atrás el principal escollo de todo el proceso: los 9.000 millones de euros de deuda que abocaron al grupo al preconcurso y que tienen que quedarse en un tercio para que sea viable. Según el  preacuerdo alcanzado a principios de mes con los principales acreedores, el 70% de esta deuda se convertirá en acciones del grupo, para suponer el 35% del accionariado. 

Junto a esto, será necesaria una inyección de capital de entre 1.500 y 1.800 millones -denominada dinero nuevo-, que concederá a sus financiadores el 55% de la compañía, es decir, su control. Un grupo de fondos -Attestor, Centerbridge, D. E. Shaw, Elliott Management, KKR,Oak Hill y Värdeya- ha avanzado su compromiso con la suscripción de más de 1.000 millones con este fin. 

Los actuales accionistas de grupo verán reducida su participación a un 5%, lo que supone que Inversión Corporativa -la sociedad de las familias Benjumea, Aya, Abaurre, Solís y Sundheim y que actualmente ostenta el 51% de los derechos políticos y el 26% de las acciones- rebajará su participación por debajo del 2,5%. No obstante, podrán hacerse con un 5% adicional si el grupo consigue devolver toda la deuda y sus costes financieros en cinco años. 

El plan valora la compañía en 5.395 millones de euros, de los que 2.581 millones corresponden a la cartera actual de proyectos; 1.917 millones a valoración de nuevos proyectos, y 473 millones a venta de activos no estratégicos. Los nuevos negocios supondrán unos ingresos de 4.206 millones en 2020.