El Gobierno ha aprobado este martes topar en los contratos bilaterales las ganancias de las eléctricas que se benefician del elevado precio del gas en el mercado sin que lo utilicen para producir electricidad, en tanto que ha vetado todo despido objetivo que tenga como causa el alto precio de la energía.

Estas son dos de las principales medidas, junto con la bonificación a los carburantes o la limitación de la revisión de los alquileres, incluidas en el plan de choque aprobado en Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis derivada de la invasión de Ucrania, que ha disparado los precios de la energía y la inflación en general.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha confiado en que la mayoría de los partidos políticos, incluido el PP, dé su apoyo al decreto ley que recoge el plan y que el Gobierno no tiene intención de tramitar como proyecto ley dado que tendrá una vigencia limitada del 1 de abril al 30 de junio.

Minoración de los ingresos "caídos del cielo"

A la espera de que España y Portugal presenten una propuesta conjunta para aminorar los llamados "beneficios caídos del cielo" en el mercado mayorista de electricidad conforme a la excepción ibérica temporal consentida por Bruselas, se ha acordado reducir esas ganancias un 90 % en los contratos nuevos o a renovar en los que se supere el umbral de los 67 euros/megavatio hora (MWh).

Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se trata de evitar rentabilidades para las compañías eléctricas que "están por encima de aquello que es razonable" y solo pueden ser imputadas al desorbitado crecimiento del precio del gas.

Además, se prorroga la prohibición de incrementar la factura del gas en más de un 5 % por trimestre para quienes tienen contratada la tarifa regulada o TUR, con lo que se pretende controlar el aumento de la factura que pagan cerca de 1,5 millones de hogares y pymes.

El bono social eléctrico se amplía a 600.000 familias beneficiarias del ingreso mínimo vital (IMV) con contrato de suministro y se renovará automáticamente en los próximos dos años, manteniendo los descuentos del 60 % para los consumidores vulnerables y del 70 % en el caso de los vulnerables severos hasta el próximo 30 de junio.

Pohibición de despedir

Se prohíbe recurrir al despido objetivo (indemnizado con 20 días por año trabajado) por causas relacionadas con el aumento de los costes energéticos y tampoco podrán aplicarlo las empresas que reciban ayudas directas.

"No es necesario despedir, tienen los recursos públicos para impedirlo", ha incidido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha recordado que con la reforma laboral se reforzó la figura de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Acogerse a un ERTE implica también el mantenimiento del empleo o la devolución de las ayudas públicas recibidas durante su aplicación.

Bonificación para todos de 20 céntimos por litro de carburante

La mayor parte de la bonificación para los carburantes (15 céntimos) será asumida por el Estado con un coste estimado de 1.423 millones de euros.

Los otros 5 céntimos serán aportados por las petroleras con capacidad de refino en España y una cifra anual de negocios superior a 750 millones, mientras que en el caso de los operadores con una facturación inferior esa parte será también asumida por el Estado.

La bonificación se aplicará en el punto de venta y repostaje, que deberá hacer constar el importe de la operación, distinguiendo el precio antes de aplicar el descuento y después, así como el importe de la bonificación aplicada.

Los suministradores de carburantes y combustibles podrán solicitar mensualmente la devolución de los descuentos que implica esta bonificación y tendrán la posibilidad de pedir un adelanto a la Agencia Tributaria.

Nuevos avales del ICO y ayudas directas

El ICO avalará otros 10.000 millones en créditos para garantizar la liquidez de empresas y autónomos, que podrán solicitarlos hasta el 31 de diciembre de 2022, con un periodo de carencia de 12 meses.

También se han aprobado ayudas directas de 362 millones para el sector de la agricultura y la ganadería, 68 millones para el pesquero, 500 millones para la industria gran consumidora de energía y otros 125 millones para la industria con utilización intensiva de gas, además de los 450 millones ya previstos para el transporte de mercancías y viajeros.

Asimismo se han acordado aplazamientos especiales de las cuotas a la Seguridad Social a un interés reducido del 0,5 % para empresas y autónomos del sector del transporte urbano y por carretera, del agrario y del mar.

Para alargar el vencimiento de los créditos covid avalados por el ICO aún vivos se elimina el requisito de caída del 30 % de facturación en 2020, en tanto que los sectores más afectados -agrario, ganadero, pesquero y de transporte por carretera- podrán solicitar una carencia adicional de 6 meses.