La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró que se encuentran en la recta final de la negociación de la Ley de Vivienda con los grupos políticos y que el objetivo del Gobierno es aprobarla en las próximas semanas.

En este sentido, se mostró confiada en ser capaces entre todos los partidos de ultimar esas cuestiones ya que tienen una gran responsabilidad con la ciudadanía.

Sánchez entiende que es una ley "absolutamente fundamental" para garantizar a todo el mundo el derecho a la vivienda, sobre todo a los más jóvenes, a la clase media trabajadora y a los más vulnerables que a día de hoy han vivido el acceso a la vivienda como un "auténtico drama".

En declaraciones a los medios tras presentar los nuevos abonos ferroviarios, insistió en que el proyecto de ley de vivienda salió del consejo de ministros consensuado por las fuerzas progresistas del gobierno y que se inició el trámite parlamentario para hacer incorporaciones de las diferentes fuerzas progresistas del arco parlamentario e añadir mejoras.

La ministra reconoció que se han incorporado observaciones en ese sentido pero que lo importante es que se lleva mucho tiempo haciendo un trabajo ingente.

El objetivo, agregó, pasa por una ley que no tenga grietas jurídicas y ofrezca la máxima seguridad para evitar que se vea rodeada de numerosos recursos judiciales que debiliten su eficacia.

Asimismo, indicó que se van a respetar las competencias de las comunidades, ya que es una línea roja que se autoimponen, y que están muy cerca de alcanzar un acuerdo, por lo que pide un esfuerzo conjunto.

Se ha fijado un sistema que compatibiliza que en las zonas que se declaren tensionadas se establezca un sistema de índices de referencia y se incorpora un sistema de incentivos fiscales para los pequeños propietarios. Con estas dos fórmulas se pretende o controlar, o regular o limitar ese incremento de los precios del alquiler, apuntó.

Sobre la Operación Campamento explicó que tras el protocolo con el Ministerio de Defensa para que se pudiera adquirir ese suelo, se están ultimando los trámites administrativos para formalizar el convenio, la compraventa y se está trabajando con el Ayuntamiento de Madrid en una operación "sin precedentes".

Este desarrollo y otros previstos van a hacer de 2023 el año de la vivienda pública, afirmó, y para hacer un seguimiento de las 100.000 viviendas de alquiler social que quiere sacar al mercado el Gobierno se va a poner en marcha una web para consultar promociones.