El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la impugnación del Gobierno central contra el acuerdo del Parlamento catalán del pasado 23 de enero, en el que defendía que Cataluña es "sujeto jurídico y político soberano", y lo ha suspendido provisionalmente. La impugnación del Gobierno central implica la suspensión temporal de dicho acuerdo durante cinco meses en tanto no decida el alto tribunal sobre el fondo del asunto. La Constitución obliga al Constitucional a que, al admitir a trámite el recurso, adopte también la suspensión temporal. Será la primera vez en democracia que el Constitucional suspende un acuerdo de un parlamento autonómico, pues aunque el precedente más cercano es lo sucedido con el Plan Ibarretxe, la situación no es la misma. Así, las fuentes jurídicas consultadas no coinciden en interpretar cuál podría ser el efecto práctico de la suspensión.

El Constitucional consultó hace días al Parlamento para que aclarase cuál de los dos acuerdos por el derecho a decidir que ha adoptado en los últimos meses, el primero en enero y el segundo en marzo, es válido. El segundo acuerdo abogaba por abrir un diálogo con el Gobierno. El Parlamento respondió que ambos son válidos, es decir, que el segundo no anula el primero, el impugnado por el Gobierno central. El Constitucional podría admitir a trámite, pero también podría decidir dar un plazo de diez días a las partes para que formulen alegaciones.

El pasado 13 de marzo el Parlamento catalán aprobó por una amplia mayoría, más de dos tercios de la Cámara (104 votos), una resolución en la que se instó al Govern de la Generalitat a "iniciar un diálogo" con el Gobierno del Estado para celebrar una consulta de autodeterminación en Cataluña. Esta iniciativa fue votada a favor por CiU, ERC, ICV-EUiA y PSC. Previamente, el 23 de enero pasado, el Parlament dictó una primera declaración soberanista que no contó con el apoyo del PSC y sí recabó el aval de CiU, ERC e ICV. En esta primera declaración, el Parlament defendía que Cataluña es "sujeto jurídico y político soberano", y contó entonces con el apoyo del 63% de diputados de la Cámara catalana, frente al 77% de la segunda resolución soberanista.

Según el artículo 161 de la Constitución, "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas". "La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses", añade el citado artículo.

Mas ve "insólita, altamente preocupante y decepcionante" la decisión 

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, considera "insólita, altamente preocupante y profundamente decepcionante" la decisión del Tribunal Constitucional. "Es tremendamente preocupante que un parlamento elegido y constituido democráticamente no se pueda ni pronunciar, ni aprobar una declaración", ha afirmado Mas en una comparecencia de prensa en el Parlamento. Mas ha remarcado que "el camino sigue, pese a los obstáculos", ya que, en su opinión, congelar el proceso soberanista sería un "acto desleal" a los votantes de las pasadas elecciones del 25 de noviembre.

En una comparecencia ante los medios insólita por la celeridad en la que se ha producido tras el anuncio del Constitucional, Mas ha denunciado que el alto tribunal "cuestiona la voluntad de las urnas", aunque espera que los jueces, cuando entren a analizar el fondo de la cuestión, apliquen el "sentido común". Aunque comparta la estrategia, Mas ha afirmado que puede llegar a entender que el Gobierno central actúe para abortar el proceso soberanista, pero el Tribunal Constitucional, ha remarcado, debe actuar como un "árbitro", bajo los principios de "prudencia y equidad". "Difícilmente la mayoría del pueblo catalán entendería que declaraciones como estas sean impugnadas y finalmente suspendidas", ha avisado el jefe del ejecutivo.

Mas ha recordado que el fallo del Constitucional sobre el Estatuto catalán provocó cambios en la política catalana: "Hoy estamos donde estamos, entre otras cosas, por lo que pasó entonces, así que hay que tomar nota", ha remachado. Mas ha subrayado que la resolución impugnada "no es ninguna declaración de independencia, sino una declaración política que se basa en lo que expresó mayoritariamente el pueblo en las urnas". Así, ante la decisión, el presidente de la Generalitat ha llamado a la unidad de las fuerzas políticas catalanas, porque lo que se tiene que defender ahora, ha dicho, "es el respeto a la voluntad expresada en las urnas, y esto no es ninguna tontería".