La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, cree que en este momento sólo existen "meras conjeturas o sospechas" que no permiten atribuir ningún delito al ex presidente catalán Carles Puigdemont por el caso Tsunami, razón por la que ha pedido al tribunal que devuelva la causa a la Audiencia Nacional.

Sánchez Conde, número dos de la Fiscalía, ha fijado de ese modo la posición del ministerio público respecto a la posible implicación de Puigdemont en este caso y lo ha hecho en contra del criterio mayoritario de la Junta de Fiscales del Supremo, que considera al expresidente catalán líder de Tsunami, "un grupo organizado de carácter terrorista".

La teniente fiscal ha enviado su escrito a la Sala de lo Penal del Supremo, que debe decidir si investiga a Puigdemont por terrorismo por los disturbios ocurridos en el otoño de 2019 en Cataluña en respuesta a la sentencia del "procés", como ha pedido el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, o si le devuelve el procedimiento.

"Meras conjeturas o sospechas"

En su escrito, Sánchez Conde cree que el juez se ha basado en "meras conjeturas o sospechas" y argumenta la insuficiencia de indicios de criminalidad contra Puigdemont y también contra el diputado catalán Rubén Wagensberg, actualmente en Suiza, razón por la que pide que la causa vuelva a la Audiencia Nacional para "agotar la investigación".

La fiscal no pone en duda "la naturaleza delictiva de las acciones ejecutadas bajo el paraguas o cobertura" de Tsunami Democràtic, ni cuestiona los "gravísimos incidentes" ocurridos en los disturbios ni las lesiones sufridas por agentes, pero considera que ninguno de los indicios resaltados por el juez contra Puigdemont permiten inferir "de modo razonable" su participación en la plataforma.

"Más bien al contrario", dice Sánchez Conde, que cree que esos indicios contemplados por el juez García-Castellón, vendrían más bien a descartar "dicha intervención" del expresidente catalán.

La fiscal explica que en este caso no se investiga la "participación directa" de los imputados en esos "gravísimos incidentes" ni la exposición del juez "afirma" que estos los "incitasen o planificasen", sino que la clave se centra en si han formado o no parte de Tsunami Democràtic en cuanto a organización.

Con esta premisa, la fiscal cree que no hay indicios de que Puigdemont "participase en la fundación o planificación de las acciones" de Tsunami y cree que García-Castellón "se limita a efectuar conjeturas carentes de base fáctica".

"(...) En realidad nos hallamos ante meras conjeturas o sospechas que no permiten la atribución de hecho delictivo alguno a Carles Puigdemont", dice la fiscal.

Las reuniones de Ginebra arrojan "poca luz"

En opinión de la fiscal, las reuniones celebradas a finales de agosto de 2019 en Ginebra que el juez instructor considera claves arrojan "poca luz" sobre la integración de Puigdemont en Tsunami, y cuestiona que dé tanta importancia al expresidente de la Generalitat y no a otros de los representantes políticos que intervinieron, como su sucesor, Quim Torra.

Tampoco ve indicios suficientes en las capturas de pantalla de conversaciones que aludirían a Puigdemont y cree que algunas de ellas podrían incluso ser interpretadas como "relevante indicador" de su "ajenidad" en la constitución de Tsunami, ya que los interlocutores hablaban de la necesidad de informarle.

De la conversación entre Puigdemont y el empresario Josep Campmajó en la que el expresidente reconoce que "el problema vendría si" en las protestas "hay algún muerto", la fiscal entiende que, "muy al contrario" de lo que afirma el juez García-Castellón, al líder de Junts le "preocupa la posibilidad de que, a causa de los altercados, pudieran llegara producirse heridos de gravedad o fallecidos".

Y ve "sorprendente" que "a alguien que se expresa temeroso de los disturbios acaecidos en Cataluña en octubre de 2019 y se manifiesta en contra de un eventual fallecimiento, se le pueda atribuir penalmente el mismo".

El criterio fijado por la fiscal en su escrito choca de lleno con el de la mayoría de la Junta de Fiscales de Sala y coincide, no obstante, con el del fiscal de la Audiencia Nacional que ha investigado el caso, Miguel Ángel Carballo, que descarta que haya terrorismo y cree que los indicios apuntarían a un posible delito de desórdenes públicos