Entre los funcionarios de prisiones es cada vez mayor el temor a volver a los tiempos en los que el control de acceso a los centros penitenciarios los hacían ellos. Que en algunas cárceles este trabajo lo lleven a cabo guardias civiles y vigilancia privada fue el fruto de una larga lucha reivindicativa.

Ahora, con una plantilla ya escasa, esta medida a la que algunos ponen como fecha la del 1 de julio supondría según fuentes de los trabajadores, que al menos dos funcionarios estarían destinados al acceso, recayendo aún más trabajo dentro de los módulos al resto del personal.

En el mes de febrero el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, informó en la Comisión de Interior, de la retirada de los vigilantes de seguridad que prestan servicio en el exterior de las cárceles siendo las fuerzas de seguridad del Estado las que vuelvan a realizar esta función. Sin embargo, en marzo, el Ministerio del Interior decidió renovar el contrato a la seguridad privada para la vigilancia exterior de las cárceles