La juez Alaya ha ordenado investigar el pago de un cheque de Mercasevilla por importe de 57.091,95 euros a un trabajador autónomo, que se enmarca en la investigación de los posibles pagos de comisiones al conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernández.

En un nuevo auto, la juez ha ordenado a Unicaja que facilite la identidad de la persona física que cobró el 23 de diciembre de 2008 el cheque emitido por Mercasevilla a favor de F. J. L. G., además de aportar toda la documentación que obre en su poder en relación con esta operación, concretando el medio de pago utilizado -si se realizó en efectivo o mediante una transferencia- e identificando en este último caso el número de cuenta de destino y su titular. También solicita la "filiación completa" del empleado o los empleados de la oficina donde se cobró este talón.

La Guardia Civil también investiga un segundo cheque de Mercasevilla pagado a la empresa Promociones y Construcciones Castelsur 2015 S. L. por importe de otros 40.830,98 euros, y considera que la emisión de ambos efectos habría sido justificada "previamente mediante la elaboración de dos facturas indiciariamente falsas".

Estas pesquisas se enmarcan en la línea de investigación abierta sobre el presunto blanqueo de capital por parte del conseguidor Juan Lanzas, mediante la utilización de un entramado societario, organizado y dirigido por el ex sindicalista, en cuyos órganos sociales figurarían como administradores su cuñado Ismael Sierra García y el testaferro Eduardo Leal del Real.

Alaya recuerda que la Guardia Civil ha puesto de manifiesto que se han detectado "la existencia de operativas financieras coincidentes con dinámicas típicas" del blanqueo de capitales, para cuya ejecución habría contado con la "supuesta colaboración del director de varias sucursales bancarias".

Todo ello habría permitido a Juan Lanzas "introducir en el circuito financiero el dinero de origen ilícito y su posterior transformación mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles, contratación de servicios para su propio uso y disfrute, así como la contratación de activos financieros, perfeccionando con ello la referida conducta que podría ser constitutiva de un presunto delito de blanqueo de capitales".

La Guardia Civil también destacó en un oficio remitido a la instructora la presunta colaboración prestada a Juan Lanzas de personas vinculadas a una gestoría que habría utilizado los datos de sus clientes para la elaboración de facturas falsas sin el consentimiento de estas personas, "permitiendo con ello la introducción del dinero en el circuito financiero legal".

De otro lado, la juez ha autorizado a la Guardia Civil para que tome declaración como imputado a una persona que está actualmente en la prisión de Jaén cumpliendo desde enero de 2013 una condena por un delito contra la Hacienda Pública a raíz de una sentencia dictada por un juzgado central de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Se trata de Juan Ruiz Cobo, administrador de la empresa Electronics Devices Manufacturer S. A. (EDM), con domicilio social en Mancha Real (Jaén). Su imputación, según explica Alaya en la resolución, deriva de que esta empresa y otra denominada Innovación y Desarrollo Empresarial Séneca recibieron un préstamo de 348.841,65 euros mediante un convenio de colaboración suscrito entre la dirección general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta y la Agencia Idea.

Junto a esta persona, la Guardia Civil también investiga a la responsable de la empresa Innovación y Desarrollo Empresarial Séneca, María Josefa Cueva Gómez. En un oficio remitido a Alaya, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) sostienen que existen hechos que "revisten caracteres de delito e indicios racionales suficientes para creer" que los responsables de estas dos empresas tuvieron "participación en el mismo como presuntos autores de un delito de fraude a las subvenciones públicas", concluyen los investigadores.