La Audiencia de Sevilla ha acordado la expulsión de los miembros de una banda de georgianos a los que se imputaban más de 500 robos y que operó en la capital durante un año y medio, contando con delincuentes muy especializados, capaces de abrir cerraduras sin dejar rastro en apenas medio minuto. La sentencia de la Sección Cuarta contempla, en concreto, la expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrar en España durante diez años para una decena de acusados, mientras que para los otros cinco procesados la pena de prisión se ha sustituido por una multa de 2.700 euros (900 cuotas a tres euros, que podrán abonar en plazos mensuales del mismo importe hasta un máximo de dos años), según el fallo.

La Fiscalía había pedido inicialmente para los 15 acusados penas de entre 5 y 12 años de cárcel por varios delitos de organización, coordinación y dirección de organización criminal; participación activa en organización criminal; delito continuado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada; delito continuado de receptación; y delito de robo con fuerza en las cosas en casa habitada. El Ministerio Público acordó rebajar a penas de entre tres y nueve años y medio la condena para los principales acusados, si bien con la medida sustitutoria de expulsión.

La sentencia declara como hechos probados que en el período comprendido entre abril de 2013 y julio de 2014 operó en Sevilla y en otras ciudades españolas, con carácter estable, una organización criminal dedicada a la comisión de robos en casa habitada y falsificación de documentos, integrada por ciudadanos procedentes de países extranjeros, fundamentalmente del Este de Europa, y sobre todo de Georgia, que actuaban "con la colaboración y cobertura de ciudadanos de países del Este asentados en España de modo permanente, incluso con permisos de residencia y/o trabajo".

La organización, de origen georgiano, con más de 45 miembros hasta la fecha identificados en España, actuaba concertadamente para la obtención de beneficios económicos procedentes de robos, facilitando en ocasiones a sus miembros pasaportes u otros documentos de identidad falsos para ocultar su auténtica identidad.

Para la comisión de los delitos, la banda contaba con tecnología avanzada, y métodos de acción conocidos como "impresioning", hasta la fecha inéditos en nuestro país, consistentes en vigilar previamente las viviendas, "marcar" sus cerraduras mediante la introducción de un molde o señal en las mismas que permitiría, una vez vigilada y constatada la ausencia prolongada de sus moradores, extraer un molde para fabricar con instrumentos de precisión de cerrajería, una llave idéntica a la original que utilizaban luego para desvalijar los inmuebles.

Una vez obtenido el beneficio económico, ya fuera en dinero, joyas, teléfonos móviles, tabletas, televisiones, ordenadores u otros objetos de valor -en estos dos últimos casos, tras su venta en establecimientos destinados al efecto-, los miembros de la organización "enviaban el metálico obtenido a Georgia y a otros lugares donde se asienta la organización mediante giros a través de empresas que se dedican a ello".

La organización contaba con suficiente y estable infraestructura en Sevilla, Madrid, Barcelona y Vitoria, lo que permite a otros miembros con residencia legal alquilar viviendas en las que los miembros itinerantes se alojan y hallan cobijo, o poner a nombre de aquellos vehículos para usar en sus desplazamientos, o dar salida a joyas y efectos mediante su venta en establecimientos.

La banda aparece integrada en la denominada mafia georgiana, que presenta una estructura de tipo piramidal o jerárquico, con diferentes niveles operativos. Por un lado, los dirigentes de mayor importancia, que se denominan a sí mismos Kanonieri qurdi -"ladrones en ley"-, ubicados en Georgia y que toman las principales decisiones operativas. En un segundo escalón estaban los Smotryachi -jefes o responsables nacionales-, y después, en un tercer estrato, los Paleogenet -jefes o responsables regionales-, que tendrían acceso a la caja común ("Obshchak"). A la "caja común", ubicada en Georgia, tendrían obligación de realizar aportaciones económicas todos los miembros de la organización, y de ella sólo podrían hacer uso mediante autorización del jefe regional respectivo, que a su vez solicitaría autorización a los niveles superiores, para contribuir a los gastos de alquiler, desplazamientos, manutención y, especialmente, los derivados del ingreso en prisión, señaladamente fianzas. Según la sentencia, había una "serie de miembros de la organización específicamente encargados de la relación con abogados y su pago, y de la recepción de giros procedentes de Georgia para el pago de fianzas judiciales".

En el escalón más bajo de la organización se encuentran los Chestiorki -o peones-, algunos de los cuales son drogodependientes reclutados en Georgia, que viajan por diferentes países europeos y ciudades españolas de modo itinerante, provistos en ocasiones de pasaportes y documentos de identidad falsos, y con útiles de precisión para la apertura de cerraduras o fabricación de llaves falsas.

La organización disponía además de su propio código de conducta, "con normas entre las que se incluye el no trabajar, viviendo sólo de lo obtenido con su actividad ilícita, y la obligación de apoyar a otros miembros de la organización moral y materialmente, mediante el uso de la caja común".

Como marca propia de identidad, algunos jefes de esta organización llevan tatuajes identificativos de su pertenencia a la misma, como una estrella de ocho puntas, un murciélago, las iniciales de la palabra lobo en ruso o la cruz ortodoxa en los dedos.

Estos ladrones procuraban por todos los medios no dejar huella alguna de su paso por las viviendas. Constan envíos de dinero de miembros de esta organización desde España en el período investigado por importe de 139.063 euros a través de tres agencias dedicadas a tal fin.

Una idea del volumen de la actividad delictiva desplegada, del "peligro que representa para el orden público", y del incremento del nivel de seguridad ciudadana en Sevilla desde su desarticulación deriva de las estadísticas policiales, que indican una disminución del 40% de robos en casa habitada desde el 17 de julio de 2014, fecha de la operación, con una disminución de 251 robos en Sevilla.