Los jueces se han plantado ante las administraciones públicas a raíz del caso Mari Luz. Dos semanas después de que una junta general de jueces de Sevilla denunciara nuevamente la falta de medios técnicos, materiales y humanos de la Justicia, coincidiendo con la huelga de secretarios, los jueces de lo Penal han anunciado las primeras medidas para luchar contra el colapso mientras no se les dote de medios suficientes: dejarán de celebrar juicios en junio y diciembre, lo que en la práctica implicará el retraso de más de 550 juicios al año.

La medida fue adoptada el pasado viernes, en el transcurso de una reunión de los jueces de lo Penal de Sevilla, a la que también asistió el magistrado Rafael Tirado, sancionado con 1.500 euros por el retraso en la ejecutoria de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz Cortés. En esta junta, los jueces han hecho hincapié en que la actual planta judicial es insuficiente y han solicitado la creación de otros seis juzgados de lo Penal, de los cuales tres tendrían competencia exclusiva para ejecutar sentencias.

Los jueces recuerdan que, desde 2002, no se ha creado un nuevo órgano de lo Penal -el año que viene entrará en funcionamiento el número 14- y precisan que en este período se han introducido determinadas reformas legales como la violencia doméstica, el endurecimiento de los delitos en materia de seguridad vial o la modificación procesal que permite reducir un tercio la pena para los acusados que se conformen en el juzgado de guardia.

Todos estos cambios legales han disparado el número de causas ejecutorias que llegan a los juzgados penales, que cada vez tienen más dificultades para realizar un control efectivo de estos procesos. Según las últimas estadísticas judiciales, en sólo un trimestre subieron en más de un millar los asuntos que llegan a estos órganos, que acumulan ya casi 8.000 sentencias sin ejecutar.

Los jueces de lo Penal de Sevilla consideran que, ante la saturación de esta jurisdicción, es necesario reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal para que los juzgados de Instrucción sean los que se encarguen de la ejecución de las sentencias que dicten, además de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revise el módulo de entrada de asuntos de los juzgados penales para que se tengan en cuenta las ejecutorias.

El acta de la junta de jueces concluye solicitando a la Consejería de Justicia de la Junta que, mientras no se produzcan estas actuaciones, "prolongue" la jornada de los funcionarios de estos órganos o los refuerce con dos nuevos empleados "de forma inmediata y con carácter permanente". Al Ministerio de Justicia reclaman el nombramiento de un segundo secretario judicial para cada juzgado.

Mientras tanto, durante los meses de junio y diciembre no señalarán juicios salvo las causas preferentes -con presos y violencia doméstica- y los juicios rápidos.

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