La sargento de la Guardia Civil María Serrano ha sido desalojada de la Comandancia de Sevilla por orden de un juzgado, una decisión con la que cree que se persiste en el mal tratamiento hacia ella, peor que al de los etarras, y cuyo origen es que alertó de una presunta corrupción de un subordinado.

"Ni al peor de los etarras se le ha tratado como me han tratado a mí", ha declarado a Efe la sargento primero, que atribuye sus problemas a la "inquina personal" que le tiene el coronel jefe de la Comandancia de Sevilla, con el que se ha cruzado denuncias, porque "sabe perfectamente que no ha cumplido con su deber" a diferencia de ella, que sí lo hizo al avisar de la corrupción.

El secretario de Organización de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), José Cabrera Farfán, estaba en el interior de la vivienda cuando se produjo el desahucio junto a otras cinco personas que apoyan a la sargento, que no pudo estar, solo por unas horas de diferencia, ya que volvía de Bruselas de una reunión con otros denunciantes de corrupción represaliados.

El desalojo lo ejecutó una comisión judicial formada por un teniente de la Guardia Civil, un sargento y cuatro guardias, que estaban "muy tristes" por actuar contra una compañera y a los que apoyaban agentes del Grupo de Reserva y Seguridad, según las personas que apoyan a la desahuciada.

"Parecía que ETA estaba allí en su plenitud", concluye la madre de la sargento, que está de baja y en tratamiento psicológico.

Por su parte, un portavoz de la Guardia Civil ha asegurado que han cumplido una orden del juzgado Contencioso Administrativo 12 de Sevilla tras agotarse la vía administrativa de la sargento y una vez que ha cesado el derecho de uso de la vivienda recogido en la orden general de pabellones del instituto armado.

Se trata de un contencioso administrativo que ha perdido y, además, el desalojo no vulnera ningún derecho de la sargento, ha añadido el portavoz tras subrayar que la ocupación de esa casa de la Comandancia en Montequinto perjudicaba a tres agentes que esperaban domicilio.

La sargento, tras su informe sobre presunta corrupción de un cabo, se queja de que "a la tortilla se le ha dado la vuelta" porque el jefe de la Comandancia "tiene la fuerza y el amparo por el mero hecho de ostentar el empleo de coronel. Pero torres más altas han caído porque seguiré pleiteando", advierte la sargento, que sabe que puede acabar en la cárcel por la denuncia del coronel.

Esta denuncia es una de las catorce causas judiciales que tiene abiertas la sargento, que están pendientes de resoluciones en el Tribunal Supremo, en el Constitucional y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que han acudido porque consideran que en España sufre "indefensión" y en busca de "amparo", precisa su abogado, Fermín Vázquez.

El origen del "acoso y derribo" a la sargento del Seprona, que lleva 25 años en la Guardia Civil y es familiar de numerosos agentes, empezó en el 2013, cuando entregó un informe con datos de un cabo que ejercía de denunciante y a la vez de defensor ante las multas de hasta 60.000 euros que ponían a empresas de pescado.

El caso lo perdió judicialmente, pero siguió pleiteando, lo que provocó los primeros encontronazos con el coronel y un posterior litigio, tras el cual la apartaron de un destino que luego volvió a ganar.

Los contenciosos administrativos son de "represalia" para "cambiarla de destino, para que no participe en los concursos de mérito y desahuciarla. Todo para acabar con su carrera administrativa", subraya su abogado, que se siente "muy frustrado" por la "gran indefensión" que sufre su clienta.