El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha afirmado que en las protestas de este fin de semana en Burgos ha habido "infiltrados", grupos violentos "itinerantes" cuyo único interés no es la reivindicación de los vecinos, sino "el ejercicio de la violencia", y por ello ha subrayado la necesidad de la futura Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno.

En distintas entrevistas radiofónicas, Martínez ha asegurado que en estas protestas se "parapetan" algunos "grupos violentos, algunos bien conocidos", y "tremendamente violentos" que han participado en manifestaciones en Madrid y también en Castilla y León. Por eso, ha defendido que ante esta situación hay que dar una "respuesta firme", que "en ocasiones la da el Código Penal" pero en otras hay que "buscar un marco jurídico preciso". En el caso de Burgos, ha apuntado que entre los 40 detenidos hay 11 menores y que "alguien debe hacerse responsable de los destrozos provocados, sus padres o tutores", que es lo que persigue precisamente la reforma. "Los 40 detenidos pertenecen a grupos de violencia antisistema, extrema, que ya habíamos visto en otros lugares; son clásicos en los incidentes de seguridad ciudadana que hemos visto en Madrid en las manifestaciones ante el Congreso y en otras", ha explicado.

Además, ha subrayado que estos grupos "radicales" y "antisistema" utilizan las redes sociales para hacer convocatorias rápidas, desplazarse y eludir la acción policial, y que estas vías comunicación no existían a principios de los noventa, cuando se redactó la actual ley. Martínez ha hecho hincapié en que esos grupos "extremadamente violentos" no tienen que ver con la reivindicación vecinal, sino que aprovechan las manifestaciones ciudadanas para generar violencia y en ocasiones "se desplazan", en este caso desde Madrid y Valladolid, ha dicho.

En el caso de Burgos, una ciudad que ha calificado de "tranquila" y con muy buenos índices de seguridad, ha puntualizado que este fin de semana han sido más de 100 los contenedores quemados y, además, ha destacado que ha habido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, ataques a sucursales bancarias, destrozos de mobiliario urbano y lanzamiento de tornillos.

En el anteproyecto de ley, la quema de contenedores se tipifica como infracción grave, penada con entre 1.001 y 30.000 euros, ha explicado Martínez, aunque puntualizando que aún está pendiente el trámite parlamentario de la norma. Según el número dos de Interior, es cierto que en España los ciudadanos, pese a las protestas, "se están comportando de manera ejemplar", pero hay grupos que "se cuelan" y eso obliga a "mejorar el ordenamiento jurídico" para recoger "de manera más precisa" los distintos casos y "garantizar mejor" los derechos. Y además, ha reconocido que sería "poco afortunado" legislar "en caliente" y ha defendido que Interior está desarrollando la norma "con sosiego". 

Mientras, unas 200 personas se han concentrado a primera hora en la calle Vitoria de Burgos, con la intención de impedir las obras que convertirán el área en un bulevar, y la situación actualmente es de "tensa calma", según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación. Las obras no se han reanudado a pesar de que el alcalde de la ciudad anunció que continuarían los trabajos.

Los vecinos se habían dado cita a partir de las 6:00, después de tres noches de protestas contra las obras. A la protesta del domingo acudieron unas 3.500 personas y finalizó sin carga policial, aunque sufruieron daños una sucursal bancaria y el mobiliario urbano. Así, las pintadas se han repetido de nuevo, especialmente en escaparates de entidades bancarias y aseguradoras pero también de comercios del barrio.

El concejal socialista Antonio Fernández Santos ha exigido, a través de su perfil en la red social Twitter, la dimisión del alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, a quien ha considerado un "estorbo" y que ha comparecido por primera vez ante los medios esta misma tarde, a la misma hora a la que se había convocado la nueva marcha.