'Caso ERE'

Viera defiende la legalidad del sistema, pero no despeja las dudas de clientelismo

  • El consejero de Empleo de 2000 a 2004 insiste en que el procedimiento contó con garantías, pero se ve incapaz de rebatir la discrecionalidad de las subvenciones.

A José Antonio Viera muchos le ubican en la cúspide de la pizarra de los ERE fraudulentos. Consejero de Empleo de 2000 a 2004, la Guardia Civil le atribuye "un papel esencial" en la trama", aunque la instrucción judicial le ha pasado por el momento sin rozarle, lo que otros muchos explican en su condición de aforado. El actual diputado nacional del PSOE comenzó ayer su intervención defendiéndose de lo que "sugieren e incluso afirman" que él es el "ideólogo" y elevó una queja por "ver a mi familia zarandeada, un día y otro también".

Durante las tres horas que se alargó su comparecencia ante la comisión política de los ERE, Viera insistió en la legalidad de las ayudas y del sistema que se creó bajo su mandato, radicado en el extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Este organismo autónomo tuvo al frente al entonces viceconsejero Antonio Fernández y, en 2003, Viera tomó su Presidencia. A su salida, el IFA se convirtió en la actual Idea.

Viera se comprometió a explicar el funcionamiento del IFA, "al que ponen como piedra filosofal", pero los diputados (que al fin pudieron dialogar) no parecieron quedar satisfechos.

El ex consejero se reiteró en la legalidad de estas ayudas con cargo al fondo 31L, aprobadas por el Parlamento y recogidas en Presupuesto año tras año, fiscalizadas por la Cámara de Cuentas, las intervenciones generales y delegadas y conocidas por empresarios y sindicatos. "Unos recursos económicos tan legales como los de educación, salud o servicios sociales", subrayó. Viera afirmó que nunca recibió "ni por escrito ni verbalmente ninguna recomendación" sobre ilegalidades y sólo admitió la posibilidad de "algunas irregularidades administrativas".

Su certera convicción en la legalidad del fondo se tambaleó al ser interrogado por el amparo legal de las decisiones y el criterio por el que se decidieron las ayudas. Casi acorralado pareció Viera con el duro interrogatorio del diputado del PP Rafael Carmona. Viera primero evitó confirmar que renovó a Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo y Seguridad Social. Luego no encontró explicaciones a la ausencia de un certificado sobre la delegación de competencia a la dirección general, a la que Viera atribuyó la responsabilidad de dar las ayudas.

Martilleado por Carmona, Viera tampoco logró citar la norma que ampara el convenio con el IFA y que justificaría el criterio por el que se otorgaron las ayudas. Viera se escudó en la situación desesperada de muchas empresas: de Santana, de Boliden, de Astilleros, de otras "que recibieron ayudas y hoy existen, como Pickman". "¿Y las que no existen, las que no sabían dónde acudir porque no conocían al señor Guerrero, al señor Viera o al señor Chaves?", le espetó Carmona.

Viera tampoco aclaró las sospechas sobre la "lluvia de millones" a la Sierra Norte de Sevilla expresada por la diputada de IU Alba Doblas, que anotó 51,5 millones en ayudas de la Dirección de Empleo en diez años por 30,6 millones al resto de Andalucía.

El ex consejero negó conocer a imputados como José Enrique Rosendo (que recibió 29 millones de euros para su empresa) y a comisionistas como Juan Lanzas.

Viera, de 66 años, concluyó con un alegato a favor de prestigiar la política, repasó su historial y finalizó: "Empecé con honor y terminaré con honor; jamás he tenido una intervención ilegal o inmoral a sabiendas".

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