En 2007 el informe Pisa enfrentó al sistema educativo andaluz al espejo de su realidad, que se puede resumir así: 463 en matemática, 446 en lectura, 446 en ciencias. Los últimos de Europa. En diciembre de 2013 se conocerá la nueva oleada de datos y para mejorar los sangrantes datos de 2007 la Consejería de Educación habrá gastado 25 millones de euros en intentar mejorar a través de un ente, muy criticado por los profesionales del sector, llamado Agencia Andaluza de la Evaluación Educativa.

Hasta el pasado mes de abril, cuando integrantes del grupo Marea Verde robaron y dieron a conocer las pruebas de diagnóstico que se iban a pasar en centros de toda la región a miles de alumnos con un coste aproximado de 500.000 euros, nadie sabía casi nada de la Agencia. "La Agencia aparece en nuestras vidas una vez al año para realizar unas pruebas que nosotros corregimos, las enviamos y luego nos las devuelven diciendo que tenemos que mejorar", explica Teresa Rodríguez, profesora de Lengua de Secundaria y portavoz de Marea Verde. Esto no casa muy bien con el precepto número 1 de la agencia que afirma: "Fomentar la cultura de la evaluación en general y de la autoevaluación en centros docentes, servicios, programas y actividades que conforman el sistema eduactivo andaluz".

"Al principio -continúa Rodríguez- era un examen anecdótico y algo extravagante que interrumpía un día lectivo, pero luego empezaron a llegar inspectores muy preocupados para decir que había que mejorar como fuera los resultados de esas pruebas. Ni yo ni ningún docente que yo conozca ha visto nunca a un miembro de la Agencia en su vida, ni sabemos qué es lo que pretenden".

El boicot de Marea Verde a las pruebas permitió que se supiera que éstas se presentaban en lujosos cuadernillos a todo color, que el gasto en papel era generoso dejando inmensos espacios en blanco, que las preguntas que incluían, en muchos casos, eran confusas, estaban formuladas de manera equívoca, eran perogrulladas o, simplemente, eran erróneas. "Son antipedagógicas, no se adaptan a la evaluación continua y ni siquiera se adaptan a los criterios de Pisa. No tienen ni pies ni cabeza", resume Rodríguez. Uno de los misterios para toda la comunidad educativa es quién se encarga de hacer esas preguntas. Nadie lo sabe. La leyenda habla de que, por 80 euros por cabeza, se reúnen una serie de profesores y maestros de Córdoba (profesores colaboradores) y le dan forma a los cuadernillos. Esto es una leyenda, naturalmente, seguramente será falso y habrá un ejército de expertos dándole vueltas a las preguntas,pero la directora general de la Agencia, la militante socialista de Córdoba Teresa Varón, conocida en el gremio como la gran PT, maestro con la especialidad de Pedagogía Terapéutica, prefirió no desvirtuar esta leyenda al no contestar a la llamada de este periódico para que diera su versión de lo que hace una agencia que cada año le cuesta al erario público cerca de cinco millones de euros.

El sobrenombre de la directora de la agencia es un poco malvado, ya que con el tiempo ha adquirido la licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación, según narra su currículo, además de haber sido responsable del departamento de Violencia de Género en la subdelegación de Gobierno de Córdoba y directora general de Innovación Educativa. Es decir, lleva unos años en la Administración y ahora defiende la independencia de la Agencia porque es "un organismo externo que da mucha fiabilidad". Su externalidad consiste en que tiene presupuestos propios, que salen íntegramente de la Consejería de Educación, así que su externalidad es relativa.

La Evaluación es un instrumento que existe en todas las regiones, trabajar en ello es necesario. Pero ninguna comunidad tiene un ente -estos departamentos suelen estar integrados en las consejerías- tan costoso como el andaluz. Según el BOJA, la Agencia ha dedicado casi 1.100.000 euros al año a pagar los salarios de una agencia que carece de RTP (una relación de los puestos laborales y para qué sirven); 130.000 euros a pagar mobiliario y ordenadores en un edificio superchulo, de esos que llaman inteligentes, en Camas (Sevilla); y otros cuatro millones al capítulo 2, donde se incluyen sus numerosas actividades, aunque los docentes la única actividad que conocen es la de las "molestas" pruebas de diagnóstico.

La agencia no tiene contento a nadie. Es conocida en el sector como el "chiringuito cordobés", por la gran cantidad de profesionales de esta provincia en sus diferentes cuadros. Sus objetivos son múltiples y ambiciosos y se recogen en su web. Así, se trabaja en la implantación de un certificado de calidad, el EFQM, inventado en su día para el funcionamiento de empresas de sectores como el aeronáutico, pero que se ha adaptado para el sector público y lo imparte en exclusividad la empresa IAT (Instituto Andaluz de Tecnología), con el que trabaja asiduamente la Agencia, igual que lo hace con otras empresas. "Como si me hablaran en chino", dice un profesional de la Educación que ha ido a los cursos de este sistema de calidad.

La Agencia, además, encarga informes que son realizados, en último término, por profesionales de Educación. Es decir, trabajadores de la Junta. También ha asumido el moribundo plan de calidad que en los años de bonanza se implantó en aquellos centros que lo aprobaran en claustro. Este plan, considerado ofensivo por gran parte de la comunidad educativa, consistía en pagar 600 euros a los docentes que se comprometían a cumplir unos objetivos medidos, principalmente, en porcentajes de aprobados. Es decir, cobrar por aprobar más. También la Agencia tendría que elaborar un sistema de evaluación del profesorado, pero cuatro años después todavía no han encontrado la fórmula.

Agustín Ruiz, presidente de la Asociación de Inspectores de Educación en Andalucía, es cauto a la hora de hablar de la Agencia, pero se adivina su enfado: "En lo que no podemos estar de acuerdo es en que se cree confusión en el sistema. No puede ser que lleguemos a un centro y hagamos una propuesta al profesorado y, por otro lado, la Agencia, sin conocer físicamente el centro, haga otras propuestas". ¿Qué pasa, que no hay coordinación entre la Inspección General y la Agencia? "Pregúnteselo a la Inspección General. La percepción de los inspectores es que hay notorias disfunciones. Había tareas de la Agencia que invadían nuestras funciones. Hay que clarificar cómo se hacen las cosas, quién las hace y qué habilitación se tiene para hacerlas. Parece que va camino de solucionarse".

Está bien que se solucionen pequeñas disfunciones, 20.650.169 euros después. Veremos si se puede hacer con un poco menos de dinero. La agencia, en este ejercicio, ha sufrido un recorte de 80.000 euros en gastos de personal y cerca de un millón en el capítulo II, que es difícil de desglosar más allá del millonario gasto en cuadernillos de diagnóstico, de los que gran parte del profesorado de la comunidad se pitorrea.