Garzón imputa a 24 personas, incluidos varios empresarios, por los pagos a ETA

Varios empresarios, entre ellos seis de Azkoyen, están entre las 24 personas imputadas en el sumario que sigue el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra el aparato de extorsión de la banda terrorista ETA y el cobro del denominado impuesto revolucionario. Entre los imputados por estos pagos a ETA no está el ex dirigente de Relaciones Internacionales del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Gorka Aguirre. El que sí está entre los imputados es el propietario del bar Faisán desde donde, según el magistrado, la banda canalizaba las remesas de cartas de extorsión y se realizaban los pagos y cobros a ETA.

En el auto emitido hoy, Garzón señala que retira la acusación contra Aguirre, no porque no exista ningún tipo de vinculación entre el ex dirigente del PNV y el aparato de extorsión de ETA, sino porque los testimonios de los testigos aportados por su defensa --entre los que estaban el presidente del PNV, Iñigo Urkullu o el ex líder jeltzale Xavier Arzalluz-- han sembrado dudas razonables sobre su culpabilidad.

Así, el juez destaca que "a pesar de que ha mantenido una amplia relación a través de encuentros en diversos lugares y conversaciones con el dueño del bar Faisán de contenido aparentemente críptico e incriminatorio", su imputación se "ha desvirtuado" gracias a la declaración de la veintena de testigos promovida por su defensa. Todos ellos afirmaron que Aguirre no formaba parte del aparato de extorsión de la banda sino que tenía la misión de informar a la dirección del PNV de los movimientos que realizaba la banda, ya que tenía muchos contactos en este mundo gracias a sus años de exilio en Francia.

Entre las 24 personas que sí están imputadas por Garzón, además de varios etarras también están varios empresarios. Entre los procesados se encuentran seis directivos de la empresa Azkoyen, que entre 1995 y 2001 habría pagado a la banda un total de 37 millones de pesetas (222.374 euros) que fueron convertidos en divisas y entregados en la localidad francesa de Bert a dos personas no identificadas de la organización terrorista ETA.

El magistrado les acusa de no denunciar la extorsión de la que estaban siendo objeto. Los imputados son el ex director general de Azkoyen Ignacio Moreno; los ex miembros del consejo de administración Ignacio Orbaizeta, José María Careaga, Francisco Elizalde, Ricardo Armendáriz; y el ex jefe de Contabilidad de esta empresa, Jesús Marcos Calahorra.

También está imputado Joseba Imanol Elosúa, el propietario del bar Faisán por un delito de integración en organización terrorista y amenazas terroristas, al considerar que su establecimiento era utilizado por el aparato de extorsión de ETA, denominado Gezi, para "canalizar las distintas remesas de cartas de extorsión". Según Garzón, el propietario del bar también se dedicaba a la recopilación de información económica de empresas y personas físicas susceptibles de ser extorsionadas y colaboraba en la gestión de este tipo de campañas.

El juez imputa además estos mismos delitos de integración en organización terrorista y amenazas a María Soledad Iparraguirre, alias 'Amboto'; Iñaki Arietaleaniz, Asier Mardones, Pedro Esquisabel, Kikitza Gil de San Vicente, Zigor Merodio, Ramón Sagarzazu y Jon Salaberría. También procesa por colaboración y amenazas a Juan José Arruti, Jean Piere Haracorene, Alfonso Martínez de Lizarduy y Emilio Castillo, y únicamente por el primer delito a José Carmelo Luquin, Ignacio Aristizabal, Jesús Iruretagoyena, José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui.

Por contra, el magistrado también retira la imputación a José Ignacio Elosúa, hijo del propietario del bar Faisán; Pablo María Muñoz, ex director de EGIN; José Luis Areizaga, Antonio María Berasategui, Celestino Berasategui, Javier Caño, Javier Hernández, Nicolás Aguirre, Pedro María Garaygordobil y Justo Azcúe.