SI el presidente de la Junta se llamara Javier Arenas, los portavoces del PSOE tildarían de desproporción, coacción y ofensa a los profesionales de la función pública el cerrojazo policial que se le aplicó ayer toda la tarde a Torretriana, el edificio desde el que se gestionan la economía, la hacienda, la educación y el turismo. Y les asistiría la razón para criticar tamaño despliegue y blindaje de los políticos y sindicalistas que se iban a reunir para saltear la patata caliente del decreto sobre la función pública. Pero incurren en lo que criticaban antes de llegar al poder, y que volverán a reprochar cuando las urnas les descabalguen. Ahora gobiernan sin más base ideológica que un enroque hijo del agobio. Se sienten desarbolados, como jefes cuyos indios le han perdido el miedo a la libertad y a la represalia.

El conflicto entre los funcionarios y el Gobierno autonómico es una ruidosa protesta democrática y pacífica, sin chocazos ni desperfectos. Quedó de manifiesto en Sevilla con la importante y cívica manifestación del pasado sábado.

La función siempre ha de comenzar y continuar. El servicio público es lo primero. Andalucía no puede tolerar que, por una reunión político-sindical, Torretriana se cierre a cal y canto desde las 14:00, conminando a mandos y trabajadores a no hacer el turno de tarde y marcharse a casa. Se clausuraron los registros de cuatro consejerías, a los que cualquier ciudadano, ajeno al cerrojazo, puede ir habitualmente hasta las 20:00 para sus trámites. Y el bloqueo de los ascensores no era por un posible atentado de Al Qaeda. Ni los funcionarios son hooligans beodos para armar bronca a los que aplicar un marcaje rayano en la presunción de culpabilidad.

Me lo decía ayer un funcionario de alto grado, mientras era desalojado de su puesto de trabajo: "Con el decreto, lo están haciendo tan mal desde julio que han unido en su contra a todos los funcionarios pese a ser uno de los colectivos menos predispuestos a movilizarse".