A los casos de las facturas y de los contratos supuestamente irregulares que el gobierno local del PP de Tomares realizó a personas afines al partido y que la oposición ha llevado ahora a los tribunales, se sumará un nuevo frente. La portavoz de IU, Valme Sánchez, acudirá de nuevo a la Fiscalía para que se aclare la relación que el actual edil de Movilidad, Limpieza y Parques, Juan Campos Jabalquinto, tuvo el mandato pasado con el Consistorio, ya que durante varios años estuvo facturando más de 2.000 euros al mes como consultor y por presentar unos "informes de especial complejidad", según se recoge en el contrato menor de asistencia técnica que firmó con el alcalde, José Luis Sanz, en 2007. Fue poco después de las elecciones, en las que Campos iba como número 13 en la lista del PP y no salió de concejal.

En el contrato consta que cobró 975 euros como "cuota fija" al mes por su labor, más 150 euros por cada uno de los escritos que presentó. Pero los "informes" a los que ha podido acceder IU no tienen más de una frase en la mayoría de los casos y son escuetas descripciones. En las facturas que han aparecido, siempre constan como presentados siete al mes, los justos para que el dinero que se le debía abonar superara los 2.000 euros: 2.045 euros, casi siempre.

Un informe sobre la capilla Hacienda Santa Ana, fechado el 16 de abril de 2008, por ejemplo, dice: "Se realiza informe de la capilla mencionada en su estado actual para posible recuperación" y se acompaña de dos fotos. No consta nada más. En otro de los que tiene IU, del 23 de junio de 2008, sobre el área del Zaudín sólo se recoge: "Me remito a los informes previos, en este destacaría que posiblemente por las fechas la gente se expande más allá de la zona de barbacoas, también se observa destrozos en árboles y un carrito de una gran superficie allí abandonado, esperemos que no se convierta el Olivar en un vertedero. Insisto en una mayor vigilancia policial".

En otros dos, del 7 de julio y el 27 de octubre de 2008, también sobre esta zona de Tomares, se limita a "reiterar" o "remitir" a "informes anteriores" en el texto, seguido de su firma y el sello con su NIF. Pese a lo limitado de los documentos, que recogen observaciones que podría haber hecho cualquier técnico municipal, facturó 150 euros por cada uno. En otro del 30 de noviembre, sólo dice: "Cada vez hay mayor acumulación de basura" .

El único contrato administrativo firmado del que tiene constancia la oposición y que justifican estas labores es por un año (de septiembre de 2007 a octubre de 2008), pero se debió renovar, porque hay informes posteriores. Además del último de los citados sobre el Zaudín, IU tiene dos del 16 de abril de 2009, con distinto número, sobre Camino Viejo en los que se repite la frase: "A petición de parte acompaño a un técnico de Urbanismo para constatar el grado de humedad de una vivienda en dicha calle". En junio de 2009, hay una factura por 2.045,25 euros que se le pagó.

Fuentes del gobierno local del PP, a las que este diario preguntó por el sentido de unos informes que podría haber realizado cualquier técnico y el porqué se le encargaron a esta persona, declinaron hacerlo y se limitaron a apuntar que se trata tan sólo de pagar a un profesional por un trabajo realizado. No obstante, en las últimas semanas ha venido defendiendo que es un gobierno "transparente" y que por eso la oposición ha tenido acceso a los documentos que está denunciando.

Pero la edil de IU denuncia que no ha habido respuesta a la solicitud que hizo por escrito para que se le aclare si Campos ha mantenido "vinculación laboral" con el Consistorio (no tenían constancia de esos trabajos, insiste) y que se le dé toda la información: facturas, contratos y otros informes. Así, Valme Sánchez considera que el resto de informes -al margen de la "ridiculez", afirma, de los que han aflorado-; puede que "ni existan" y apunta a que todo es una "tapadera" con la que esta persona pudo dedicarse a otras laborales "al servicio" del alcalde.

"Ha cobrado por la cara", es una "estafa por su parte", dice sobre el ahora edil de Movilidad, y exige que -al margen de las responsabilidades penales que se le exigirán a él y al alcalde en los tribunales- ambos dimitan, una petición que hace "extensible" al Interventor, por no poner reparos a los pagos que se hicieron. Los abogados están estudiando la documentación para presentar la denuncia la semana próxima.