La Consejería de Justicia e Interior de la Junta invertirá 2,4 millones de euros en la realización de una serie de obras de urgencia en los edificios de los juzgados del Prado de San Sebastián y de la Audiencia Provincial de Sevilla, que incluyen labores de pintura de ambos inmuebles, la recuperación del terrazo y la instalación de nuevas calderas, entre otras actuaciones.

Los trabajos se ejecutarán principalmente entre el año próximo y 2015, aunque, según fuentes de la Consejería de Justicia consultadas por este periódico, algunas de las intervenciones comenzarán antes de que acabe este mismo año. Así, está previsto que la Junta informe en breve de estas actuaciones al presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, y al decano de los jueces, Francisco Guerrero, así como a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra.

Las obras no constituyen una reforma integral como la que la Junta ha llegado a anunciar hasta en dos ocasiones en anteriores mandatos, sino que se trata de una actuación de carácter urgente que se hace posible a pesar de la actuación situación de contención presupuestaria por la crisis.

Según explicó a este periódico el consejero, Emilio de Llera, "estas actuaciones cobran más valor, si cabe, ante la imposibilidad a corto plazo de poder impulsar la construcción de la Ciudad de la Justicia, no sólo por la evidente situación económica y financiera actual, sino también por la falta de respuesta del Ayuntamiento hasta la fecha para acordar su emplazamiento definitivo o bien en el Prado, como se propone desde el consistorio y que nos comprometimos a estudiar, o en Los Gordales como venimos defendiendo desde hace tiempo desde la Junta por su idoneidad".

Entre los trabajos que comenzarán antes de que acabe este año se encuentran la pintura general de zonas comunes y patios del edificio de los edificios de los juzgados y de la Audiencia Provincial, la recuperación del terrazo en la zonas comunes, y la reforma de la sala de calderas y la dotación de una nueva instalación. Esta última obra ya se está llevando a cabo, con la contratación del preceptivo proyecto técnico, y en conjunto supondrá una inversión de 248.000 euros en los ejercicios 2013 y 2014. La actuación consiste en la reforma de la sala, la eliminación de la instalación existente de cuatro calderas de gasoil, la inertización del depósito de gasoil, y la instalación de otras cuatro calderas nuevas y de una acometida de gas natural.

Las obras urgentes también incluyen la mejora de las secciones Tercer y Séptima de la Audiencia de Sevilla para una distribución más eficaz de los espacios, para lo cual se trasladarán dos tabiques y se eliminará un tercero.

El proyecto, que cuenta con una inversión de 2.461.350,40 euros, incluye asimismo la sustitución de las anticuadas ventanas de hierro de ambos edificios, aunque esta es la parte que tiene una ejecución a más largo plazo, al estar prevista entre 2014 y 2017. La Junta reconoce que el estado general de las ventanas es muy deficiente, por lo que se requiere una sustitución completa, una reforma que contribuirá a la mejora de las condiciones de trabajo y al ahorro energético.

La Junta también llevará a cabo mejoras en la iluminación y eficiencia energética, por lo que se realizarán entre otros cambios la sustitución por lámparas de tipo LED de aquellas que tienen una mayor horas de utilización cada día.

En el edificio de los juzgados, se llevará a cabo el traslado de dependencias del decanato a la tercera planta del inmueble, algo que ya se está haciendo aprovechando que el estado general de las estancias a ocupas es bueno y únicamente hace falta que se pinten las paredes y ventanas.

El proyecto de la Consejería de Justicia requiere, además de la inversión de 2,4 millones, otros 300.000 euros que se destinarán a un plan de retirada de archivos judiciales que actualmente están ocupando espacio en las sedes judiciales de ambos edificios y de las instalaciones de las sedes ubicadas del Noga y Viapol, y que habrá que retirar antes de proceder a realizar las mejoras en los antiguos inmuebles del Prado de San Sebastián. En conjunto, la Junta va a retirar 106.000 archivadores de documentos, que tendrán que ser almacenados y custodiados a disposición de los órganos judiciales en otras dependencias, una labor que se está llevando a cabo en relación con la junta de expurgo para la destrucción de documentos innecesarios.