EL próximo viernes rebuscar comida y residuos en los contenedores de basura de Sevilla supondrá una multa de 750 euros. La medida levanta ampollas en una sociedad donde esta práctica, lejos de ser una tendencia nada esnob, se ha convertido en el recurso de muchas familias para llegar a fin de mes. Sevillanos que se las ingenian para sobrevivir y, por ello, son insolventes para abonar dicha sanción. Es lo que ocurre con la conocida como ordenanza antivandálica, la que multa a los gorrillas. En lo que va de mandato se han interpuesto casi 20.000 sanciones y se han cobrado menos del 3%. Por lo que la normativa queda sin eficacia para un problema que, dicho sea también, parece casi imposible de erradicar. Ni a golpe de zona azul, otra medida recaudatoria, se acaba con una lacra que es mucho menos reciente.

Pero volviendo a la ordenanza de limpieza. Las multas por rebuscar en la basura ya existían. La normativa que ahora se deroga, de 2003, ya las contemplaba, pero como faltas castigadas con sanciones la mitad menor. Y Sevilla no es tampoco la primera ciudad en poner en marcha estas medidas, que hace años que se aplican de manera idéntica en Madrid -modelo en muchos aspectos para Juan Ignacio Zoido- y hasta en ciudades menores como la canaria de Arrecife, donde se elevaron las multas hasta 3.000 euros. En Gerona idearon un sistema para sellar los contenedores y evitar que los residuos, tras el paso de rebuscadores, queden esparcidos en la calle dañando la imagen de la ciudad.

¿Es que se trata de una mera cuestión de estética? ¿O de higiene y sanidad pública? No todos los que se meten en los contenedores son familias de clase media condenadas por la crisis que buscan yogures caducados. También hay cartoneros y chatarreros, en su mayoría inmigrantes que subsisten con este negocio y de los que se quejan algunos vecinos de barrios residenciales por el estado en el que dejan las calles.

La ordenanza en discusión, aquí está el detalle, regula la limpieza pública y la gestión de residuos municipales. Ése es su nombre y eso excusa que se contemplen medidas sociales para este colectivo al que se perseguirá por hurgar en los cubos. Por ello, ante la primera crítica a este aspecto de la ordenanza, el alcalde responde con un plan especial de apoyo social de siete millones de euros puesto en marcha por su gobierno para dotar a Sevilla de lo necesario para acabar con estas situaciones. El esfuerzo es tan meritorio como insuficiente para lograr su objetivo en una ciudad donde, por citar un ejemplo aportado por la oposición esta semana, la mitad de la población de barrios como San Jerónimo está en riesgo de exclusión social. Allí mismo, en un barrio obrero, que no marginal, hay muchos pobres que meten sus cabezas a diario en los contenedores.

Por cierto que en ciudades como Buenos Aires, donde un ejército de cartoneros sale desde hace años al anochecer para hurgar en las basuras algo reciclable con los que ganar unos pesos argentinos, se ha encontrado la manera de integrarlos socialmente en cooperativas. Una alternativa a la mera sanción.

Y bueno ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Nada. O no. Tal vez incluir en las ordenanzas de limpieza estas sanciones sea, cuando menos, inoportuno en este momento de emergencia social. Como oportuno es, en política, que el alcalde anuncie una esperada bajada de impuestos en un año electoral. Y, por todo esto, las multas por rebuscar en la basura se vuelven en contra de un gobierno que prometió más empleo y más oportunidades para los sevillanos.

Luego, ¿para qué sirven algunas ordenanzas? Zoido da instrucciones y ahí queda la cosa. Y, al margen del drama social de quienes buscan en un contenedor algo que comer o vender para hacerlo, estas órdenes hay que cumplirlas. Y resulta cuando menos paradójico que los sevillanos de la Alfalfa o la Alameda se hayan levantado contra el Ayuntamiento para exigir que se cumplan las ordenanzas de ruido y se acabe con una movida tan crónica como insoportable y que aún no se haya dado el paso necesario para que entre en vigor. El texto se aprobó en Pleno en julio y aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Provincia (BOP), por lo que no se puede aplicar. Y eso que vio la luz después de un año de parón por no alcanzarse el consenso: hasta un millar de alegaciones -menos de la mitad se aceptaron- a una ordenanza antirruidos que saltó a los medios nacionales por prohibir, entre otros aspectos, jugar al dominó en los veladores o arrastrar barriles de cerveza. De chiste. La mayoría del PP aprobó la norma, pero ya dijo que negociaría su aplicación con los hosteleros. ¿Es eso posible?

Da la impresión de que con algunas decisiones y normativas municipales lo único que se ha logrado es abrir debates ficticios. Y para ficción, ya está el rodaje de Juego de Tronos. Sevilla, espectacular decorado.