El dictamen del Consejo Consultivo sobre el Parasol de la Encarnación ya es firme. Rotundo y, desde ayer, público. El máximo órgano jurídico de Andalucía, encargado de analizar la viabilidad legal de determinadas iniciativas de las administraciones regionales, aprobó por unanimidad un informe crítico y muy bien sustentado contra la reforma presupuestaria impulsada por el Ayuntamiento para inyectar a esta controvertida obra, iniciada en 2005, una nueva aportación de dinero público por valor de hasta 30 millones de euros.

La resolución, que fue comunicada ayer a la Alcaldía, desmonta, tal y como avanzó en exclusiva este diario, la práctica totalidad de los argumentos esgrimidos por el gobierno local para justificar su pretensión de que, sin resolver previamente el contrato en vigor con Sacyr -rubricado para un complejo comercial cuyo coste iba a ser de 51 millones-, se dé luz verde a otra nueva modificación de crédito que situará la desviación presupuestaria global del proyecto en un  70%, si se cuentan tanto las reformas previas -existe un modificado inicial de 8,4 millones de euros- como otras aportaciones públicas anteriores -25 millones- aprobadas en concepto de subvención en favor de la empresa inmobiliaria. El coste total del Parasol oscila entre los 90 y los 123 millones de euros, dependiendo de cuáles sean los criterios de cálculo.

El Consultivo, cuyo informe no es vinculante pero era preceptivo al tratarse de la modificación de un contrato público que sobrepasa con creces el tope legal del 20%,  sólo da por bueno un aspecto muy secundario del expediente municipal de reforma -el referido a la normativa contra incendios y a la necesidad de construir en la Encarnación una subestación eléctrica- cuya incidencia económica es menor. No pasa del millón de euros. Del resto de cuestiones que se defienden en la propuesta municipal no se acepta ninguna más. Cero. De hecho, incluso se llama la atención diplomáticamente al Consistorio por haber presentado a análisis del Consejo un expediente deficiente: sin el obligado informe de fiscalización y, además, con unas cifras de sobrecoste dispares. En la exposición general se habla de un incremento del presupuesto del orden del 50%. En el informe del secretario esta cifra se sitúa en el 70%.

La tesis aplicada por el Consultivo en la Encarnación es coherente con toda la jurisprudencia existente: una administración pública no puede aplicar su capacidad para modificar un contrato -técnicamente esta potestad se denomina ius variandi- si incurre en una alteración sustancial de su contenido, si no respetar los principios de publicidad y concurrencia y si no lo justifica debidamente. Ninguna de estas obligaciones ha sido cumplida por el Ayuntamiento.

Los juristas autonómicos, además, explican que las razones del sobrecoste del proyecto no son las que dice el arquitecto y, en parte, viene a avalar Urbanismo. No se deben a imponderables y causas de fuerza mayor sobrevenidas. Por el contrario, son fruto de "deficiencias" en los proyectos arquitectónico y de ejecución firmados por Jürgen Mayer y supervisados por el Consistorio. El Consultivo describe pues que el "problema mayúsculo" de la estructura de madera no es fruto de "nuevos criterios constructivos", sino la consecuencia de que "en el curso de la ejecución de las obras se detectó un error en la estructura de los parasoles, cuya ejecución se hacía inviable". El Consejo aprecia una clara contradicción en la posición municipal: la Gerencia pide el nihil obstat para proceder a la modificación de crédito con argumentos que los propios técnicos municipales desmontan. Dicho de otra forma: a juicio del organismo autonómico, si el Parasol era "inejecutable" -factor que se sabía desde 2007 y se ocultó deliberadamente a los ciudadanos- no puede argumentarse con el mínimo rigor que el motivo del sobrecoste que implica hacer la estructura de madera es fruto de "imprevistos y necesidades nuevas".

Idéntica exposición de fondo hace en otros aspectos de la modificación presupuestaria, donde censura al gobierno local por intentar justificar el encarecimiento de la urbanización de la Encarnación en base a una ordenación del tráfico que no llega a explicar o defiende las mejoras hechas en los puestos del mercado de abastos -el mecanismo municipal para contentar a los comerciantes- sin respetar las propias ordenanzas municipales e intentando hacer pasar como una "nueva necesidad" lo que no es más que una mejora -con incidencia económica negativa-con respecto al proyecto original.

El órgano autonómico advierte al Consistorio que, dado que su informe no es vinculante, puede tomar su propia decisión al respecto del Parasol. El Consultivo sugiere  resolver el contrato en vigor con Sacyr y proceder a una convocatoria pública distinta si se quiere continuar con el proyecto. Otra opción es paralizar las obras. Pero, debido a la debilidad de los argumentos jurídicos del Ayuntamiento, queda abierta la vía -hipotética, de momento- de que, si se opta por continuar adelante, el proyecto pudiera ser paralizado cautelarmente si un particular o una asociación presentase ante un juez un recurso formal amparándose en el análisis jurídico del organismo regional.

El alcalde, al que le corresponde la decisión política final, no dijo ayer nada. Intenta ganar tiempo. ¿Cómo? Con señuelos. La Alcaldía emitió ayer una nota pública en la que anuncia que la decisión final se adoptará en función de un informe del secretario municipal -el máximo fedatario del Ayuntamiento ya hizo un dictamen en el que evidenciaba todas las irregularidades y defendía seguir con el contrato- y de un estudio económico que desvelará si es más caro disolver el contrato y convocar un nuevo concurso o finalizar los trabajos.

Los términos del comunicado municipal, en todo caso, son muy ilustrativos de que la voluntad del Consistorio se inclina por seguir adelante con las obras. En primer lugar, porque la nota oficial, aunque reconoce que el dictamen del Consultivo es "desfavorable" a sus tesis,  destaca que su opinión no es vinculante. El 95% de las administraciones que consultan al organismo jurídico andaluz acatan sus recomendaciones. Sevilla sería una llamativa excepción. El coste político de tal decisión resulta ser bastante notable. El Consistorio, además, adjudica en su nota de prensa al Consejo un párrafo que no ha sido aprobado por Consultivo, sino que procede del secretario municipal. En la nota se presenta como la opinión del Consejo. Curiosamente se refiere a la conveniencia de mantener el contrato en vigor con Sacyr. Lo contrario de la verdad. Los juristas autonómicos no entran en este punto. También dice la Alcaldía que la decisión final dependerá del consejo de Urbanismo, donde está sentada la oposición. ¿Una petición indirecta de ayuda al PP para salvar la crisis definitiva del Parasol?