Los dirigentes socialistas sevillanos están divididos a la hora de afrontar cuál debe ser la posición del partido respecto al ex delegado de Empleo, Antonio Rivas, que mantiene su cargo orgánico como miembro del comité director, máximo órgano del partido en Andalucía en periodos entre congresos. Una corriente de opinión dentro del partido defiende que Rivas debe dimitir de su responsabilidad orgánica una vez que la Fiscalía lo acusa de cohecho y le pide una multa de 900.000 euros y 21 de meses de inhabilitación para cargos públicos.

Otros miembros del PSOE, entre los que se encuentra el secretario general de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, creen que el partido debe realizar alguna muestra de apoyo público a Rivas, pues consideran que la base en la que el Ministerio Público sustenta la acusación contra el ex delegado de Empleo es muy débil, pues se basa en el testimonio de Fernando Mellet realizado en una sede no judicial. Este choque de pareceres ha provocado una fuerte tensión que afecta aún más al propio Viera, que la pasada semana protagonizó una rueda de prensa de cerca de hora y media para defender su honorabilidad y de la su cuñado en diversos aspectos relacionados con los ERE.

La tensión es mayor como consecuencia de las revelaciones filtradas en las últimas hora sobre las ayudas recibidas por ayuntamientos gobernados por el PSOE por parte de la Consejería de Empleo.

Por otra parte, el penalista Francisco Baena Bocanegra, que defiende al ex delegado de Empleo Antonio Rivas en la causa por el presunto cohecho en Mercasevilla, acusó ayer a la Fiscalía de llevar a un "inocente a sufrir innecesariamente la pena de banquillo". El abogado de Antonio Rivas explicó ayer a este periódico que ha leído el escrito de conclusiones provisionales elevado por la Fiscalía Anticorrupción al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y no lo comparte "en modo alguno". "Reiteradamente a lo largo de la instrucción de esta causa vengo protestando por la falta de pruebas que en la misma causa hay y que puedan siquiera comprometer la presunción de inocencia que ampara al señor Rivas", sentenció Baena.

El letrado recordó que a lo largo de sus años de ejercicio de la abogacía "siempre" ha tenido el "más profundo respeto por la difícil misión que corresponde al Ministerio Público, y ese respeto sigue y seguirá siendo inquebrantable". Baena Bocanegra añadió que ese respeto a la labor del fiscal no le impide entender que, en el presente caso del presunto cohecho, la apreciación del Ministerio Público de que Antonio Rivas "se puso de acuerdo con otro de los acusados para exigir una dádiva, piedra angular de su reproche, no es más que un puro y duro ejercicio de suposición, huérfano del más mínimo respaldo probatorio".

Baena advirtió que la decisión de la Fiscalía de incluir al ex delegado de la Consejería de Empleo en el intento de cobro de la comisión a los empresarios del grupo La Raza "puede tener, si antes no se remedia, el falta resultado de llevar a un inocente a sufrir innecesariamente la pena de banquillo, con los correlativos perjuicios de toda índole que de ello se deriva, tan difíciles de resarcir el día de mañana".