La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz advierte al Ayuntamiento, en una resolución del 15 de abril, que cada vez son más frecuentes los casos en los que los órganos judiciales concluyen la existencia de responsabilidad patrimonial por la falta de actuación municipal o por ineficacia en las funciones de vigilancia, inspección y sanción contra la contaminación acústica.

En los últimos años el Ayuntamiento de Sevilla ha sido condenado en tres ocasiones por los tribunales a indemnizar los daños y perjuicios causados a la ciudadanía. El 26 de mayo de 2008 el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Sevilla condenó al Ayuntamiento a abonar 24.000 euros por daños y perjuicios ocasionados por ruidos excesivos y evitables por parte de la Administración local. Por el mismo motivo, otra sentencia dio la razón a los vecinos el 22 de marzo de 2007, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó al Ayuntamiento a pagar 6.058 euros por daños y perjuicios en otro caso de contaminación acústica. La tercera decisión judicial en este sentido se dictó el 29 de mayo de 2003 por daños sufridos como consecuencia de la vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

Según la Organización Mundial de la Salud una exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos puede provocar deficiencias auditivas, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión o un incremento de las tendencias agresivas, entre otros efectos negativos sobre la salud de los afectados por la contaminación acústica.

El riesgo de que el Ayuntamiento sea condenado de nuevo al pago de cuantiosas indemnizaciones debería ser una motivación adicional para que "su actuación estuviese guiada en todo momento por el más absoluto rigor normativo", se advierte en la resolución. El Defensor del Pueblo ha remitido una recomendación al Consistorio para que se inspeccione las zonas afectadas por la contaminación acústica.